Desde el gobierno de Carlos Lleras, se ha venido fortaleciendo un organismo clave para el desarrollo del país, que es el DNP. Los sucesivos gobernantes han querido que esta entidad tenga una característica esencialmente técnica, en donde sea posible acopiar el mayor cúmulo de talento humano, en función de poder estructurar los verdaderos planes de desarrollo del país, alejados de la política y de los intereses de turno en el poder.

Por eso es que la escogencia de sus directores debe estar apartada de toda consideración partidista, para que su operación sea una garantía, en cuanto a los cumplimientos de las razones técnicas y los objetivos de los requerimientos sociales de las diferentes comunidades que integran el territorio, atendiendo a una prioridad evidente.

Dentro del actual esquema que gobierna la inversión, cabe anotar que dicho DNP no ha podido abarcar las expectativas para las que fue creado, lo que ha hecho que la inversión no guarde los criterios de conveniencia nacional que concurren a la hora de tomar las grandes decisiones.

Esta situación nos lleva a registrar zonas del país con un alto grado de desarrollo, a donde se sigue dirigiendo gran parte de la inversión, y otras que parece que vivieran uno o dos siglos atrás, pues se caracterizan por la carencia de servicios básicos y por la falta de oportunidades para que los habitantes puedan desarrollarse dentro de los criterios de crecimiento personal y colectivo.

Fuera de eso, las zonas más desarrolladas suelen avanzar rápidamente en proyectos; experimentan gran potencial de presión política y económica, y sus iniciativas se convierten casi que automáticamente en direccionamiento de recursos, lo que hace que su fortalecimiento esté asegurado, mientras que la mayoría de las regiones continúan esperando y tratan de luchar en medio de las dificultades y limitaciones.

Aquí es cuando se requiere una mayor presencia de Planeación Nacional, en donde sea posible brindar la asistencia necesaria a los departamentos y municipios más débiles, que no cuentan ni con el recurso humano, ni con los instrumentos técnicos necesarios para estructurar los proyectos que requieren.

Fuera de eso, existe un sector que es el de las regalías, aquellos recursos que reciben las regiones productoras de petróleo, gas o carbón y que asciende a $25 billones al año, una cifra que bien puede superar una reforma tributaria y que muchas veces no se invierte porque no existen proyectos estructurados y aprobados para tal fin, lo que significa que muchas necesidades apremiantes no tengan inversión, a pesar de existir los recursos necesarios para atenderlas. 

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