La región del Arauca y demás departamentos aledaños, han sido territorios formados en el marco de un país atravesado por la violencia y como resultado de la misma –recordemos que los procesos de poblamiento estuvieron jalonados por oleadas de compatriotas que huían de una y otra de las distintas violencias que nos han acompañado-.

Pero, adicionalmente, con el drama de la ausencia de Estado –que es distinto a militarización de la misma, o a contar con recursos presupuestales que el petróleo suministró y en cantidades importantes, es fundamentalmente la ausencia de credibilidad en la institucionalidad estatal por parte de los pobladores y de eficacia de la misma en el cumplimiento de sus funciones-.

Adicionalmente con una presencia arraigada de actores del conflicto armado, que han tenido desde siempre al vecino país como un área de retaguardia estratégica y de refugio.

Esas organizaciones han sido en la mayor parte de las circunstancias rivales entre sí, no sólo por el control del territorio y sus recursos, de la población y de su incidencia en la vida política regional. Recordemos que aproximadamente entre 2004 y 2011 hubo una verdadera ‘guerra’ entre el ELN y las Farc que dejó alrededor de medio centenar de muertos –la gran mayoría de la población civil- y que se resolvió, no por intervención del Estado, sino por gestiones adelantadas por las direcciones de esas organizaciones con el acompañamiento de gestores de paz de la sociedad civil, pero que debemos decirlo, dejó ‘heridas’ difíciles de sanar y es probable que parte de ello es lo que estamos presenciando en este comienzo de año.

Pero también hay que reconocer que hoy día existe un importante tejido de organizaciones sociales –comunitarias, campesinas, sindicales-.

El fiscal general de la Nación informó al país que se habían reportado 27 muertos en los primeros días del año, lo cual alarmó con razón no sólo a los medios nacionales sino especialmente a la población del territorio, igualmente informó que en investigaciones a los dos últimos Gobernadores del Departamento, hoy detenidos, que los grupos armados ilegales habían sido los determinantes en la orientación de a quién se adjudicaba la contratación pública; esto último refleja el imperceptible pero real control que ejercen los grupos insurgentes en la marcha de la administración pública departamental.

A esto hay que adicionar los efectos de la equivocada política del gobierno nacional con el país vecino, que ha dejado sin canales de comunicación políticos, diplomáticos, consulares y policiales.

Si pensamos en soluciones para Arauca, hay que pensar en alternativas de corto plazo que paren la ejecución de asesinatos masivos y para ello sería fundamental apoyarse en las organizaciones de la sociedad civil con una ‘diplomacia ciudadana’ y en lo cual podrían colaborar entidades como las Personerías y la Defensoría y los buenos oficios de la Comisión de la Verdad.

A mediano plazo es fundamental avanzar en el diseño y desarrollo de un proceso de terminación del conflicto armado con el Eln –que hoy día cuenta en esa región con su mayor fortaleza- y que es fundamental para lograr la ‘paz completa’, e igualmente elaborar una política acerca de qué hacer con esos grupos genéricamente llamados como ‘Disidencias’ de las extintas Farc, porque allí hay de todo como en botica.

Igualmente se debe avanzar en una política de construcción de Estado en la región, entendiendo que eso no es sinónimo de militarización, sino construir instituciones estatales eficaces y eficientes, confiables, que traduzcan en realizaciones para los pobladores y que permitan que progresivamente la ciudadanía de la región confíe en las mismas.

No es tareas fácil, pero es la que debe emprender este o el siguiente Gobierno.