El engranaje de la violencia

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Domingo, 13 de Septiembre de 2026

Como la ‘Paz total’, para satisfacción de quienes se oponían a esa posibilidad, no dio los resultados esperados en los términos en que la concibió durante su período presidencial, Gustavo Petro, lo que sigue en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella es la guerra total, con la expansión de las violencias surgidas en Colombia en los últimos 70 años de su historia.

Con el talante totalitario del mandatario, la perspectiva predominante es el empleo de la Fuerza Pública en toda su capacidad contra los grupos armados articulados en diversas vertientes de la ilegalidad. Se le cierra la puerta a la posibilidad de una salida negociada.

Esa salida se logró en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria con el M-19 y otras guerrillas, o en el de Juan Manuel Santos mediante un acuerdo que desmovilizó a 13.000 combatientes de las Farc. Álvaro Uribe promovió una solución de paz con los paramilitares mediante la negociación que, a pesar de los desacuerdos, dejó algunos frutos positivos.

La hoguera encendida por el sectarismo partidista de conservadores y liberales, que dejó un saldo de 200.000 muertos, llevó a la mediación política del Frente Nacional, que culminó en un acuerdo bipartidista. La grave perturbación que sacudía a la nación por el exterminio a sangre y fuego, y que había llevado al magnicidio del jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán, imponía una salida de convivencia.

En esta nueva etapa de Colombia la violencia ha alcanzado una intensidad devastadora y exige soluciones de fondo, que no han sido posibles a través de la confrontación armada y en lo cual tienen peso decisivo el narcotráfico y la corrupción.

Reactivar el engranaje de la violencia, nutrido por el conflicto armado y otras formas de criminalidad, es dar un salto al abismo. Es insólito que el propio presidente notifique que destripará a los militantes de la izquierda por ser contrarios a sus ideas. Es regresar al homicidio partidista como en los años que van de los 40 a los 50. Es retomar el exterminio de la Unión Patriótica, un genocidio que la justicia aún no ha reparado. Es alargar la ejecución extrajudicial de jóvenes reclutados mediante engaño para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja en combate. Es la recurrencia del feminicidio y de la muerte de líderes sociales. Es sumarle más víctimas a la población civil y repetir los capítulos de las masacres que alcanzaron niveles de sevicia.

Se ha insistido con sensatez en que superar ese engranaje de la violencia es una prioridad nacional. Y la paz está consagrada en la Constitución Nacional como un derecho fundamental, y los gobernantes deben asumirla sin reticencias. Es una función institucional que no debería omitirse.

Promover acuerdos con quienes se han salido del entorno de la legalidad no implica complicidad alguna con la impunidad. Es hacer el camino del derecho para vivir con seguridad y desarrollar todas las posibilidades que ofrece la existencia para el bienestar común. Es reparar un grave daño.