En 1944 el ingeniero brasileño Norberto Odebrecht cumplió su sueño de crear la empresa que, con el tiempo se convirtió en un conglomerado de negocios en los campos de la construcción y la ingeniería, con presencia en Suramérica, América Central, África, Europa y Medio Oriente.

Pero la buena imagen de este gigante de la construcción fue desmejorando con el cambio generacional de su dirección. En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación sobre Odebrecht, donde se resalta la realización de sobornos a funcionarios de gobiernos de 12 países de Latinoamérica, para obtener beneficios en construcciones públicas. 

Entre los países afectados por estos sobornos están Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil. En este devastador escándalo han resultado salpicados presidentes, expresidentes, funcionarios públicos y empresarios. Odebrecht aceptó el pago de 788 millones de dólares por más de 100 contratos. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, este es el mayor caso de corrupción extranjera en la última década.

Indudablemente Perú ha sido el país más sensible a los tentáculos de este polígrafo de la corrupción, pues allí fue derribado el primer presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente Ollanta Humala está detenido y Alejandro Toledo está siendo investigado. Después del homicidio del expresidente Alan García, el ex director de Odebrecht en este país, Jorge Barata, confirmó los pagos a las campañas de los cuatro expresidentes, a la opositora Keiko Fujimori y a gobernadores de algunos departamentos.

En Ecuador el exvicepresidente Jorge Glas paga una condena de 6 años, en Brasil Lula da Silva está preso y en Panamá los hijos del expresidente Ricardo Martinelli se encuentran detenidos.

Odebrecht reconoce haber pagado en Colombia sobornos por 11 millones de dólares, entre los que se cuentan los 4. 6 millones pagados por la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra, razón por la cual ha ofrecido una indemnización, que ha sido rechazada por el Estado. Sin embargo, demandó a Colombia por $3.8 billones por considerar ilegal la expropiación a que fue sometida.

Las investigaciones contra este emporio de la destrucción, en que se ha convertido Odebrecht, continúan.