Participé en uno de los innumerables foros que por estos días se están organizando para otear el futuro del posconflicto, o más exactamente, del posacuerdo.

Pues conflictos siempre seguirá habiendo en el país, solo que tramitados- si se firma la paz- dentro de los parámetros democráticos y no a bala. De eso finalmente se trata un acuerdo de paz.

Allí hice los siguientes planteamientos sobre el posacuerdo rural, el cual tiene como punto de referencia lo negociado en el punto número uno de la agenda de La Habana.

El núcleo central de este acuerdo es la creación de un Fondo de Tierras (se estima que pueden ser tres millones de hectáreas), que habrán de ser repartidas a cerca de 250.000 familias campesinas que, o carecen de tierras o las que tienen son insuficientes.

Este fondo aún no está preparado. Poco se ha avanzado. Ha faltado claridad política por parte del Incoder en los últimos dos años. Y recuérdese que es en el primer año que sigue a la firma de los acuerdos de paz cuando deben darse los pasos más rotundos en el cumplimiento de los propósitos del posacuerdo.

Es cierto que se está creando un gran instituto para manejar la temática de tierras en el país, que habrá de tomar el relevo del Incoder. Pero mientras este Instituto está listo y operativo va a transcurrir por lo menos un año, durante el cual hay el riesgo de que se enfrente un vacío institucional grave.

Igual sucede con lo atinente al desarrollo rural. El acuerdo número uno de La Habana contempla, no solo la distribución de tierras “peladas”, sino la dotación de todos los otros insumos de lo que ahora se conoce como “bienes públicos”. Hasta ahora, el discurso va por un lado y los recursos por otro.

También está en marcha la creación de un gran instituto de desarrollo rural en el país.

Que está también atascado en su creación por los recortes presupuestales. Cuando vengan los acuerdos de paz no estará aún operativo. Allí hay también un riesgo institucional delicado.

Y eso suponiendo que estas nuevas entidades que están naciendo no vayan a ser entregadas con ánimo clientelista.

Se requiere que las cabezas que se pongan al frente de ambas entidades estén comprometidas con la gran empresa del desarrollo rural del posacuerdo, y no con ningún directorio político.

Por último, queda el delicado asunto de la financiación del posconflicto rural. Por el momento no hay prácticamente nada previsto en el presupuesto nacional.

La crisis fiscal que estamos atravesando ha conducido a un apretón despiadado para atender los requerimientos del posacuerdo rural.

Según un estudio reciente que hizo Fedesarrollo, se necesitarán no menos de ocho billones de pesos para atender razonablemente los compromisos adquiridos. La cooperación internacional no basta.

Igual sucede con las víctimas del posacuerdo. La redacción del acuerdo sobre justicia transicional da a entender, con una redacción quizás deliberadamente ambigua, que el Estado no será el deudor
subsidiario como debe ser y las Farc el obligado principal, sino a la inversa. Esto tiene un costo gigantesco aún no cuantificado.

No basta firmar la paz. No basta ratificarla en un plebiscito.

Es necesario además que las inmensas responsabilidades que entraña el posacuerdo rural se logren ejecutar oportunamente. De lo contrario echaríamos por lo borda lo que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo. Aún es tiempo de enmendarlo.