El retorno a clases presenciales es vital y necesario para dar cumplimiento al derecho a la educación y al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes colombianos.

Este puede ser el principio guía de un acuerdo al cual podrían llegar el Ministerio de Educación Nacional y Fecode.

Esto implica que la vida y la salud de estudiantes, profesores, directivos y administrativos estén garantizadas, así como unas condiciones adecuadas para que los profesores puedan desarrollar sus labores, y los estudiantes logren aprender y culminar sus trayectorias educativas.

Operativamente esto puede dar lugar a una nueva gobernanza, con compromisos verificables entre las partes y en cada territorio: secretarías de educación, sindicatos regionales y comunidades escolares; donde es esencial la participación de los padres de familia.

En este contexto, es clave el desarrollo de canales de comunicación asertivos y un sistema de información para su apropiación social que disipe dudas, supere temores o miedos, teniendo en cuenta los estragos en salud mental que produjo la crisis pandémica, y haga posible una mejor toma de decisiones entre los actores involucrados en el sector educativo colombiano.

Al respecto, recientemente la Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, aseguró que “el 85% de las sedes educativas del país se encuentran en condiciones óptimas para el retorno bioseguro a la presencialidad”. También sostuvo que “el 15% requiere de adecuaciones que podrían lograrse en las próximas semanas”.

La animosidad con que se discute en Colombia el retorno a clases presenciales muchas veces oscurece y hace inviable unos acuerdos mínimos con sus mecanismos de gobernanza situados en cada territorio.

En tal sentido, Tumaco, Palmira, Bogotá, Medellín y Antioquia, pueden ser tomados como ejemplos para identificar los avances y los obstáculos que se han presentado en gestión institucional, contractual y en la ejecución de las inversiones al adecuar la infraestructura educativa y la aplicación de los protocolos de bioseguridad, versus, las acciones implementadas en alternancia y de retorno a la presencialidad.

No cabe duda que al tener en cuenta las condiciones específicas de cada territorio, sería un buen ejercicio revisar cómo se dieron los diálogos y los acuerdos en las comunidades escolares que hicieron posible volver a clases en alternancia, y en casos específicos, a la presencialidad.

En este sentido al situar la discusión en Cúcuta, se requiere que la Secretaría de Educación publique información para el dominio público sobre las condiciones de la infraestructura educativa y los avances en las adecuaciones físicas con su dotación, la evidencia de la implementación de las rutas de bioseguridad y los logros en vacunación en cada sede escolar.

Con base en la apropiación social de la información, el debate público debe posibilitar canales de diálogo y de comunicación asertiva, que conduzcan a construir confianza entre las partes.

Asimismo, esto puede ayudar a que los actores educativos mediante sus órganos de gobernanza, y de representación, puedan establecer un plan de verificación que facilite en cada institución, y sus sedes educativas, un retorno gradual, seguro y adecuado.

Después de 16 meses, donde cientos de miles de estudiantes no han podido volver a la presencialidad, pienso que una resolución o una directiva no lograrán el retorno efectivo a clases, y menos, si este se concibe en medio de la desconfianza y como una disputa o un juego político.

Al final del día, los actores educativos, y en especial los padres de familia, son quienes deben promover un debate informado y movilizar acciones que permitan el regreso a clases presenciales, dado que están en juego los derechos, los aprendizajes y el futuro de sus hijos.

*Docente e investigador de la Universidad Libre (Seccional Cúcuta), en Twitter: @jramiz17