Una cosa tengo clara al término de la improvisada semana del gobierno del cambio en La Guajira: a juzgar por los anuncios y las medidas tomadas, no se necesitaba de ninguna declaratoria de emergencia social y económica. Seamos claros. Este gobierno no tenía ni tiene ningún plan para La Guajira.
Fue tal la improvisación que el decreto de emergencia no se conoció sino al término de la semana y, por supuesto, ninguna norma se expidió al amparo de este, cómo era de esperarse. 33 páginas de endebles motivaciones que, anticipo, no pasarán el examen de la Corte Constitucional. Porque para hacer frente a un fenómeno climático como el de El Niño, que en nuestro país nada tiene de impredecible, no se necesita ninguna declaratoria de emergencia, sino que se pongan a trabajar con los instrumentos con que cuenta todo gobierno. Y como el decreto es similar al expedido en la pandemia, resulta útil precisar que cosa bien distinta fue lo del covid, situación que sí exigió tomar medidas extremas y urgentes, para la que nadie estaba preparado, como bien lo exige el artículo 215 de la Constitución Nacional.
Pero para adecuar unas fuentes de agua, entregar unas becas, enviar unas cuadrillas de personal sanitario, construir algunas obras de infraestructura o la de capitalizar empresas como Salinas de Manaure o Termoguajira no se necesita una emergencia. Lo que se requería era haber incluido todo este programa en el recién aprobado Plan de Desarrollo e incluir estos recursos en la adición aprobada hace menos de 10 días. Con seguridad la Corte, en su sabiduría, analizará esta inexplicable situación.
¿Y qué tal la despachada de Petro contra El Cerrejón? Un proyecto que genera 12.000 empleos, donde el 60 % son guajiros. Que transfirió 3,7 billones en impuestos y regalías en 2022, más inversiones por otros 130.000 millones en proyectos voluntarios. Solo falta que también quieran frenar la iniciativa de siembra de 580.000 árboles ubicados entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Nadie los entiende.
Cómo no preguntarse por qué no se declaró la emergencia a nivel nacional. ¿Será que estos mismos problemas no los tenemos, y peores, en el Chocó, Nariño o el Cauca, para citar algunos ejemplos? ¿O será que la idea es darnos la misma dosis al granel, en medio de esta campaña, en todos los departamentos, y este de La Guajira era el piloto? ¿Será que la Corte va a comprar la peregrina idea de que con la emergencia se va a solucionar el problema del cambio climático en la región y que, al decir de Petro, con estas medidas hasta ahora desconocidas se podrá salvar, ya no al pueblo guajiro sino a la humanidad toda?
Si el problema de fondo es la falta del recurso agua, se debería aprovechar la emergencia para crear la Agencia Nacional del Agua, como lo propuse en su momento. Pero ¿por qué un instituto y de alcance regional? Que nos expliquen.
¿Y qué tal el famoso pacto para la transición energética justa? Ahí también se les fueron las luces. Al amparo de ese documento igualmente improvisado no se instalará ni un kilovatio de energía renovable en La Guajira. Por el contrario, mucho me temo que las empresas con proyectos asignados ahora sí terminarán de empacar y abandonar la región para buscar otros territorios en donde su desarrollo sea posible. Después de los anuncios presidenciales sobre la nueva asociatividad obligatoria con las comunidades wayús, nadie, excepto el propio Estado, como le gusta a Petro, se aventurará a hacer inversiones en la zona. Tal vez eso sea precisamente lo que quiere este gobierno. Todo estatal, todo público. Desde ahora invito a hacer seguimiento al proyecto Colectora, que dizque se “destrabó” en el marco de la visita. El proceso de licenciamiento apenas ahora comienza, y nadie sabe a ciencia cierta si culminará algún día. Tengo muchas reservas.
La Corte Constitucional tendrá que preguntarse cuáles son, en realidad, los hechos sobrevinientes cuando desde octubre del año pasado se viene advirtiendo de la llegada del fenómeno de El Niño y nada se había hecho, ni siquiera en la adición presupuestal de final de junio. Yo creo que la Corte no puede cambiar, ante semejante despliegue de improvisación y politiquería, su jurisprudencia frente a estos regímenes de excepción.
Porque es previsible que esta no sea la última emergencia y que se adopte esta modalidad de gobierno como permanente.
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