El propio Rafael Pardo declaró no hace mucho que la cooperación internacional (bilateral y multilateral) financiaría, en el mejor de los casos, un 5 % de los costos totales del posconflicto.

Esto significa que el grueso del esfuerzo para financiar las tareas de los acuerdos del posconflicto nos corresponderá hacerlo a los colombianos y solo a nosotros. Lo cual no está mal, en el fondo. Es un asunto de dignidad nacional: después de tantos esfuerzos para alcanzar la paz, no tendría sentido que los costos del posconflicto terminaran financiándolos los gringos y los europeos. Cuyo aporte es desde luego valioso, pero forzosamente no será más que una porción del total.

Preocupa muchísimo, eso sí –como lo hemos indicado varias veces desde esta columna— que cuando se mira el presupuesto nacional, el de este año y lo que se vislumbra para el próximo, no aparece un centavo para atender los costos del posconflicto. Por el contrario, dada la crisis fiscal gigantesca que afrontamos, solo apretones y recortes se adivinan para las vigencias de los próximos años.

Afortunadamente el Acto Legislativo del marco jurídico para la paz, que hace su tránsito en el Congreso y a iniciativa de la senadora Claudia López, introduce una saludable figura constitucional, por virtud de la cual habrá un plan especial para financiar el posconflicto, con su presupuesto propio y de obligatorio cumplimiento en los años venideros. Esta iniciativa, por fortuna, pone al abrigo de las ‘michicaterias’ e insensibilidades del Ministerio de Hacienda, que es lo que hemos visto hasta el momento en lo concerniente a la financiación del posconflicto. El cual será costoso, por supuesto, pero mucho menor que el de la guerra.

Pero no todo es cuestión de más plata. También de instituciones nuevas y dinámicas, acordes con los desafíos gigantescos que plantea el posconflicto. Por ejemplo, para desarrollar el punto número uno de la agenda de La Habana, dedicado al desarrollo rural y al acceso a la tierra, resultan cruciales las dos agencias que están naciendo: la de tierras y la encargada del desarrollo rural, que sustituyen al Incoder, el cual recibe los santos oleos de la liquidación.

Estas dos agencias serán claves en el posconflicto rural del país. De ellas, y sobre todo de su buen funcionamiento, dependerá que se cumplan a cabalidad o que fracasen los inmensos compromisos que se han suscrito en La Habana sobre este crucial punto. Ojalá que el virus de la politización no vaya a invadir a estas dos entidades, que apenas están naciendo.

Los plazos para suscribir y ratificar los acuerdos de paz se están agotando. Ya no aguantan más prórrogas. Este año es el último horizonte de tiempo que nos queda. No va a ser fácil, pero si en este año no se echa a andar el posconflicto con las Farc, probablemente la opinión pública decepcionada será la primera en reprocharlo (como ya empieza a hacerlo) y los enemigos de la paz encontrarán allí terreno abonado para arreciar en sus críticas insensatas.

Está llegando, pues, la hora de la paz. Preparémonos con aplomo para lo que sigue. Pues cuando se firmen, en algún momento de este año, los acuerdos de paz y cuando se ratifiquen por la ciudadanía, las cosas no concluirán: apenas comenzarán.