En la II Cumbre Internacional del Agua, liderada por la RAP El Gran Santander, presenté, como docente de la ESAP, una reflexión: la seguridad hídrica depende tanto del agua disponible como de nuestra capacidad para gobernarla. La pregunta merece quedarse después del encuentro: ¿estamos construyendo instituciones capaces de cuidar lo que necesitamos para vivir?

 El agua que nace en un páramo atraviesa una cuenca, mueve actividades productivas y llega al grifo involucra decisiones distintas. Conservar sus fuentes exige cooperación; distribuirla requiere infraestructura, financiación y operadores responsables; garantizar su acceso demanda reconocer necesidades y desigualdades. Una tubería resuelve una parte. Quedan el bosque, la calidad, el mantenimiento y los acuerdos entre quienes comparten el recurso.

Por eso, gobernar el agua exige conectar escalas. La Nación orienta; las autoridades ambientales regulan; los municipios tienen responsabilidades; las comunidades aportan conocimiento y organización. ¿Quién articula esas decisiones cuando una cuenca atraviesa varias jurisdicciones? Elinor Ostrom mostró que las comunidades pueden construir reglas para cuidar recursos compartidos. Ese aprendizaje requiere respaldo público y coordinación entre niveles de gobierno. (Gobernanza Policéntrica anidada)

La Política Nacional del Agua 2026–2050 ofrece una oportunidad al vincular gobernanza, ecosistemas, acceso y adaptación climática. Sin embargo, debemos fortalecer su traducción regional. Entre las orientaciones nacionales y las capacidades municipales existe una distancia que los territorios necesitan resolver. Allí, la RAP puede organizar proyectos compartidos, producir información y concertar prioridades para los 127 municipios del Gran Santander.

Los datos permiten dimensionar el desafío. En el análisis presentado, elaborado con registros del INS, los municipios con riesgo medio o mayor en la calidad del agua pasaron de 70 a 38 entre 2015 y 2024, utilizando para Piedecuesta el último dato disponible, de 2023. Es un avance. Pero el promedio regional esconde trayectorias distintas: Norte de Santander redujo las diferencias entre municipios, mientras Santander registró mayor dispersión.

Además, hay una alerta que debería inquietarnos: los municipios con información rural reportada disminuyeron de 59 a 30. En Norte de Santander pasaron de 36 a siete. Esto obliga a interpretar prudentemente los avances. La ausencia de registros no demuestra que el agua sea segura. ¿Cómo priorizar inversiones si desconocemos la calidad de lo que consumen tantas familias campesinas?

El cruce entre desempeño municipal y calidad del agua identificó 22 municipios prioritarios por combinar menor capacidad institucional y mayor riesgo. La asociación no prueba causalidad, pero orienta una decisión: dirigir recursos y asistencia técnica hacia quienes enfrentan mayores dificultades. Distribuir apoyos idénticos entre territorios desiguales puede perpetuar las brechas que buscamos cerrar.

Propongo convertir esa evidencia en compromisos concretos. Primero, fortalecer la coordinación regional con responsables y plazos públicos. Segundo, recuperar la vigilancia rural y conectar los sistemas de información. Tercero, acompañar a los acueductos comunitarios con asistencia técnica, contable y sanitaria. Cuarto, asegurar que cada obra incluya operación, mantenimiento y financiación. Quinto, recuperar la cooperación con Venezuela alrededor de nuestras cuencas compartidas.

El Pacto por el Agua proyecta inversiones por 3,5 billones de pesos hasta 2041. Esa aspiración necesita fuentes verificables, metas de resultado y continuidad administrativa. Su éxito deberá medirse en agua segura, ecosistemas protegidos y brechas reducidas. La prueba es sencilla: cuando cambien los gobiernos, ¿seguirán funcionando los compromisos?

La Cumbre puede abrir ese camino si sus acuerdos llegan a los presupuestos, las veredas y las decisiones cotidianas. Desde la academia podemos aportar evidencia, formación y seguimiento; desde las instituciones, coordinación y ejecución; desde las comunidades, conocimiento y vigilancia. Cada actor tiene una responsabilidad que debe hacerse visible. La seguridad hídrica se construye entre lluvias, no durante la sequía. Gobernar el agua es aprender a compartir responsabilidades antes de tener que repartir escasez.

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