El mundo postpandémico, Colombia incluida, atraviesa una coyuntura de creciente inflación, donde la recuperación parcial de los ingresos con la reactivación de la economía y del empleo no encuentra un crecimiento correspondiente en una producción asediada por incrementos en los costos de producción y escasez de los insumos requeridos, resultado de embotellamientos, verdaderos cuellos de botella, para el transporte de esos insumos y de los productos terminados, consecuencia de una economía globalizada donde las cadenas de producción se extienden indefinidamente a lo largo de medio mundo; vivimos una situación inédita de economías “desterritorializadas” en cuyo seno el proceso productivo de las nacionales es crecientemente dependiente de realidades externas a ellas (“exógenas”), vulnerables ante influencias y circunstancias que no controlan, especialmente las más débiles, las más dependientes. El punto es sobre todo crítico con los alimentos y su gran peso en la dinámica inflacionaria.
La pandemia hizo visible los peligros que para las economías nacionales representa la globalización imperante que viola principios económicos fundamentales, por no decir simplemente lógicos, al suponer que las desigualdades en los niveles de desarrollo y de fortaleza de las economías están dadas, son inmutables, de origen natural, como planteaban los economistas mercantilistas y clásicos, y que no pueden ser transformadas - modificadas o creadas - con políticas nacionales consistentes, orientadas al aprovechamiento de esas características y ventajas naturales iniciales.
La extensión transnacional de las cadenas productivas de agregación de valor dispara la intensidad de las movilizaciones de bienes económicos, generándoles dependencia y vulnerabilidad a las economías nacionales que no son sustituidas, que no pueden ser sustituidas, por una pretendida economía mundial. En ese escenario, los precios que son la variable crítica para cualquier economía, ya no expresan su realidad, sino la de los precios internacionales determinados en mercados crecientemente monopolizados e interferidos por políticas de subsidio y apoyo de estados fuertes, acciones de política vedadas a los estados débiles que observan entre impotentes e irresponsables, cómo sus mercados son tomados por las producciones foráneas importadas. Precios que traducidos a la moneda nacional dependen del devaluado tipo de cambio consecuencia del sesgo importador de la política aperturista, encareciendo aún más las importaciones sin impulsar las exportaciones, manteniéndose un déficit en la balanza de pagos y una moneda débil.
El resultado es que vivimos las consecuencias de una inflación importada porque creímos, nos hicieron creer, que lo correcto era garantizar el aprovisionamiento alimentario con importaciones subsidiadas por los gobiernos ricos, olvidando o ignorando que seguridad alimentaria y seguridad nacional son las dos caras de una misma moneda, realidad de a puño para los países europeos, con Francia a la cabeza; y para China. Ahora, no se trata de aislar a nuestra economía del resto del mundo, sino de establecer unas relaciones de equilibrio y respeto, no de imposición; que importemos lo que necesitamos importar para complementar nuestra producción y aumentar nuestra eficiencia como productores; y que exportemos lo más posible, gracias a nuestros avances en eficiencia productiva.
El Banco de la República, al aumentar la tasa de interés para combatir la inflación, se ciñe a la letra a la cartilla monetarista que la asocia con un desequilibrio interno (“endógeno”) de la economía. La inflación indicaría un recalentamiento de ésta, que se resolvería desestimulando el endeudamiento. Es buscar la calentura en las sábanas cuando el problema viene de afuera, de la inflación internacional que importamos principalmente con alimentos que acá, en buena medida, podemos producir si se tiene una política de apoyo a un desarrollo agropecuario que garantice la eficiencia productiva y nuestra seguridad alimentaria, fundamento de la seguridad y convivencia de la Nación.
