Retomo la escritura con noticias, lastimosamente, alarmantes. En el último documento del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, el Boletín No. 4 sobre la ocurrencia de violencias de género que se lanzará el jueves 12 de agosto en nuestras redes sociales, identificamos 193 casos de este flagelo durante el primer semestre del año.
Pero en este espacio no deseo hablar de datos sino de vidas concretas, como la de Carolina, una amiga trans migrante venezolana víctima recurrente de violencia policial por prejuicio contra su identidad de género y nacionalidad; ya había denunciado un caso de abuso que vivió a inicios de este año por parte de agentes de fuerza pública en esta columna.
Ella me llamó hace unas semanas, estaba muy alterada, integrantes de la Policía Nacional la increparon en Sevilla mientras transitaba el espacio público, le retuvieron su cartera con sus documentos, órdenes de exámenes médicos y recetas de medicamentos, negándose a escucharla mientras pedía que se la devolvieran. Ella insiste y los policías deciden prenderle fuego a la cartera, así de simple para ellos.
Efectivamente, las calles siguen siendo espacios peligrosos para las mujeres y los desconocidos son los principales perpetradores, con un 60% y 65% de incidencia en los casos de violencia psicológica y física; pero también fuerza pública fueron agresores permanentes en todos los tipos de violencias, especialmente contra personas LGBT y de origen venezolano. Ni siquiera las marchas en el marco del paro nacional se salvaron de ser escenarios libres de violencia, 12.4% de los hechos registrados ocurrieron en estos espacios que, se asumen, transformadores. ¿Qué podemos esperar las mujeres si, incluso entre arengas de cambio, los compañeros con quienes marchamos hombro a hombro refuerzan actos de discriminación contra nosotras? Como dato interesante y curioso: mientras que las mujeres identificaron a hombres marchantes como sus principales agresores (como la noche del 4 de junio en la velatón contra los feminicidios en Tibú, cuando un vocero del partido Colombia Humana arremetió en contra del espacio de protesta),
los hombres heterosexuales y cisgénero (es decir, no integrantes de la población LGBT) identificaron a Policía Nacional como la principal amenaza.
Durante ese periodo, yo coloqué en un estado de WhatsApp que, sólo en un recorrido de 4 cuadras, había sido acosada sexualmente tres veces: me respondieron alrededor de 10 mujeres, todas contándome historias similares. En ese momento pensé en la noción de impuesto, es como si las mujeres tuvieramos que pagar un tributo a nuestra sociedad patriarcal por nuestra existencia, por desplazarnos en el espacio público o para salir a marchar exigiendo cambios; un impuesto de vida pagado permanentemente cada vez que nos violentan, recordándonos que podemos vivir únicamente bajo esas condiciones. ¿Qué hicieron, entonces, las mujeres asesinadas violentamente? Aquellas que constituyen el 50% de los 56 registros de violencia de género en nuestro monitoreo de medios de comunicación, la mayoría de ellos registrados en la subregión de Catatumbo. ¿Se reusaron a pagar dicho impuesto tratando de vivir libremente o el tributo mismo era su muerte?.
Coda. Me entristece saber, en los últimos mensajes enviados por Carolina, que ha decidido volver a Venezuela producto de la violencia que constantemente vivió en nuestra ciudad. Me entristece y me da impotencia porque su historia refleja la de muchas mujeres que migran a Colombia para buscar un mejor comienzo pero nuestro país es territorio fértil de violencia y exclusión.
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