El municipio de Cúcuta adelanta un plan de obras públicas centrado en la recuperación de vías y próximamente de parques, que se financia con crédito bancario. Endeudarse para construir infraestructura es práctica común en las ciudades y en sí misma no es mala, salvo cuando no se mide bien la capacidad para honrar el crédito.
Si los ingresos no crecen de acuerdo a lo proyectado cuando se contrajo la deuda, en muy pocos años habrá problemas. Recuerdo cómo durante la administración de María Eugenia Riascos (2008-2011) el Municipio no tuvo ingresos suficientes para atender obligaciones crediticias contraídas por la administración anterior, que ejecutó un plan importante de obras públicas. Eso precipitó una larga intervención del Ministerio de Hacienda que impuso un severo “Plan de Desempeño”, que por las malas frenó la inversión durante casi una década mientras se saldaban las acreencias. Debemos evitar repetir esa historia.
Según reportes de la Secretaría de Hacienda, en marzo de 2026 la deuda municipal superaba los $350.000 millones. $160.000 millones ya existían cuando inició la administración actual y lo restante son nuevos créditos para financiar el plan de obras públicas. Ese monto no debería alarmar en una ciudad con el tamaño y la población de Cúcuta. El Concejo de Bucaramanga discute en estos días un crédito de $538.000 millones que elevaría su deuda a cerca de $840.000 millones. El Concejo de Cartagena le autorizó al actual alcalde $1,5 billones de deuda. Lo decisivo aquí no es el tamaño de la deuda, sino la capacidad tributaria de cada ciudad.
Pero hay señales para preocuparnos. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034 de Cúcuta proyecta que, en esos diez años, el Impuesto de Industria y Comercio apenas crecerá 30%, pasando de $114.000 millones a $149.000 millones. El impuesto predial, en cambio, debería aumentar cerca del 110 %, pasando de $83.000 millones a $176.000 millones.
Esa meta es realista si la ciudad sigue creciendo y completa la actualización catastral, que modernizará una base de datos atrasada más de diez años. El mismo documento espera que este año el recaudo suba 60%, de $83.000 millones en 2025 a $135.000 millones finalizando este año. Pero las cifras de recaudo de los cuatro primeros meses no anticipan ese crecimiento. El 31 de diciembre, a lo sumo será 15% mayor. Viene entonces lo obvio, si los ingresos tributarios no crecen al ritmo de los gastos de funcionamiento y de las obligaciones crediticias ya contraídas, las finanzas municipales se harán críticas.
Para alcanzar las metas de recaudo que necesitamos, es preciso mayor confianza ciudadana en el proceso de actualización catastral, que inevitablemente debe continuar. Eso se logra con mayor diligencia de la administración municipal, tanto en la atención de reclamos como en el ajuste de los criterios de valoración predial, para que quienes pagamos, sintamos que el impuesto es justo y que los avalúos son equitativos respecto a inmuebles similares en otras ciudades.
Pensemos en el alcalde o en la alcaldesa que se posesionará en enero de 2028. Hay que asegurarle recursos y capacidad de endeudamiento para ejecutar su propio plan de desarrollo y obras públicas. Debemos evitar que la ciudad de entonces sufra una costosa parálisis, si acaso esa persona llega al Palacio Municipal y no encuentra ingresos suficientes, como varias veces ha pasado.
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