La semana que concluyó no fue buena para el gobierno. La renuncia del ministro de hacienda, Ricardo Bonilla y las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides por presuntos hechos de corrupción de funcionarios del alto gobierno con los cupos indicativos y con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de desastres (UNGRD) son hechos que pusieron a Petro y a su gobierno en el ojo del huracán.

En medio de todo esto, en Barranquilla se adelantó el Congreso Internacional de FITAC (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional). En el evento al que fui invitado por su presidente Guillermo González tuve la oportunidad de conversar con los empresarios y poder explicar la visión que tengo del país en estos difíciles momentos haciendo énfasis en dos aspectos.

El primero entender que el gobierno nacional ha buscado golpear al sector privado a través de dos mecanismos. Uno atado a destruir por vía legislativa los sectores donde exista inversión privada. Cuando fracasa en esto, utiliza las instituciones del ejecutivo para bloquear su funcionamiento y llevarlos a la quiebra. Allí aparecen las intervenciones. Estos casos son evidentes en el sector salud, infraestructura y energía.

En el caso de la salud, las intervenciones de las EPS se deben, principalmente, a que el gobierno no quiso hacer los giros a tiempo y con eso las puso en dificultad para que cumplieran sus servicios.

En el caso de la infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se ha convertido en un obstáculo ideológico que impide el desarrollo de proyectos vitales para el país. Por ejemplo, en Bogotá tiene bloqueado el tren de cercanías Cundinamarca- Bogotá, la ampliación de la autopista norte. En el Caribe, la vía Barranquilla- Ciénaga que implica la construcción de dos viaductos, el canal del Dique, el Jarillón “cara de gato” en Sucre que evitaría la inundación en la Mojana. De otro lado, más de 800 proyectos que dependen de 500 consultas previas. Una locura para el sector privado depender de tantos factores.

En el sector eléctrico ni hablar. Intervenciones contra comercializadores de energía como Air-e y Afinia quienes no han recibido del gobierno más de 4.6 billones de pesos por la opción tarifaria o los subsidios 1,2 y 3 que no se giraron. Esto llevó a agotar un modelo que parte la confianza entre el sector público y el sector privado. Tampoco se han nombrado a los miembros de la CREG lo cual hace que la regulación de ese sector esté al garete. Una postura más del gobierno para bloquear al sector privado.

Un segundo aspecto, tiene que ver con el ataque sistemático del gobierno contra la institucionalidad. Hemos visto que la Fiscalía, la Procuraduría, las cortes, el Congreso, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y todo lo que se le oponga recibe críticas virulentas y epítetos de todo nivel por parte de Petro. Para el presidente, el funcionamiento del Estado implica un ataque contra él. Su retórica está clara. Primero anuncia “golpes blandos” y luego señala que lo quieren sacar del poder a como dé lugar. En eso nos ha tenido dos años y medio.

Estos dos aspectos, el ataque al sector privado a través de sus dos estrategias y la ruptura de la institucionalidad es lo que debemos entender para enfrentarlo en este fin de mandato que se inicia en el 2025. Debemos cerrar las filas defendiendo al sector privado y a las instituciones. Llegaremos todos maltrechos en el 2026 pero el país con diagnósticos sectoriales con diferenciación territorial y con medidas rápidas podrá volver a sacar la cabeza. Nos toca aguantar.

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