Amables lectores: Es absolutamente necesario que los ciudadanos pidan al gobierno cuentas claras en el presupuesto general de la nación. Los recursos para obras por 13 billones de pesos no se encuentran jurídicamente desagregados. El congreso debatió el proyecto y para cada obra, debidamente discriminada se le adjudicarán recursos del presupuesto. El ejecutivo en forma ilegal globalizó estas partidas con el aparente deseo de distribuirla a su arbitrio, teniendo en cuenta la afinidad política de la zona donde se realizaría la obra. Resumiendo, distribuir esa inmensa partida al antojo político del presidente de la República.
El ministro de Hacienda debe acelerar la expedición del decreto que corrija este error y discrimine con detalle los recursos asignados por el congreso a cada una de las obras a realizar. No deben existir caprichos ni castigos. Las obras no se deben parar pero vemos con preocupación que los recursos para el metro de Bogotá, algunas vías 4G, el túnel del Toyo y otras obras de infraestructura, pasan los días y continúan sin estar legalmente asegurados.
Pero siguiendo con sus jugaditas, el ejecutivo envía a una comisión de miembros del pacto histórico a hablar con la OEA, la CIDH (Comisión interamericana de derechos humanos) y la ONU, para dar la versión del gobierno sobre la elección del fiscal. El resultado de su encargo tuvo éxito, porque en un hecho inusual y como intromisión en la justicia del país, estos entes burocráticos internacionales sacan comunicados solicitando a la corte suprema la rápida elección del fiscal general en Colombia.
Como todos estos entes llenos de burocracia no adquieren compromisos, piden elección pronta del fiscal para disque evitar traumas en el manejo de la justicia colombiana pero ambiguamente exigen que no se haga presión en el nombramiento y que la corte obre libremente.
Es el jueguito sí y no y el típico lavado de manos de Pilatos; niegan los jerarcas del ejecutivo la gravedad del asedio ejercido contra la majestad de la justicia y sin vergüenza acusan a los medios de comunicación. Esto es típico de la administración, que tira la piedra y esconde la mano, para poder acusar a sus contradictores. Hablando de economía el costo económico de la tensión política es inmenso. Estamos presentando una gran crisis en el sector exportador. Las cifras son preocupantes.
En el 2022 se exportaron 57.000 millones de dólares y en el 2023 solo 49.000 millones, lo que representa una caída del 13%. El resultado no es nada bueno máxime cuando en el 2011 se habían exportado 56.000 millones cifra muy similar al 2022. Si en valor los resultados son preocupantes en diversificación son lamentables. Las exportaciones no tradicionales representen en el 2023 solo el 43% mientras que café, petróleo y carbón alcanzaron 57%. Lo del aguacate Hass es un espejismo.
No exportamos porque no somos competitivos, tenemos costos de producción muy altos en comparación con muchos otros países. En el 2023 presentamos un crecimiento económico de solo 0.6% mientras en el 2022 esa cifra fue del 7.3%.
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