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Justicia para Zuluaga
Cuando parecía haberse despejado el camino, otra nube negra se asomó en el horizonte
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Lunes, 23 de Octubre de 2017

Uno puede estar de acuerdo o no con Óscar Iván Zuluaga, pero en lo que sí creo que hay consenso, por la obviedad del tema, es en que probablemente no hay una víctima más representativa del régimen santista que el político caldense. Hace ya casi cuatro años, siendo candidato presidencial, la banda de sicarios judiciales comandada por Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo y Leonidas Bustos, cancerberos de Santos, le “montaron” a Zuluaga un proceso tan absurdo como exótico del que el país ya conoce la verdad real: el del hacker Sepúlveda, un vendedor de humo profesional, un pobre diablo con ínfulas de estratega, que se prestó como cómplice de una mentira del “cartel de la Toga”, para afectar la honestidad de Zuluaga a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Los miserables de marras armaron esa pantomima con el único propósito de arrebatarle la presidencia a Zuluaga para entregársela a Santos. 

Por cuenta de ese burdo montaje judicial, Óscar Iván Zuluaga se vio obligado a sacar del país a su hijo David. Yo habría hecho lo propio, de encontrarme en las mismas circunstancias. Hasta hace un par de años no había nada que resultara más peligroso, que enfrentarse a la dupla siniestra Montealegre-Perdomo (era el modus operandi de ese par: recuerden lo que hicieron con la esposa de Jorge Pretelt, hoy libre de toda culpa). La persecución fue virulenta e infame; el pecado de Zuluaga, poner en riesgo la reelección de Santos. De no haber sido por el tal Hacker y la repartija de plata a cántaros para comprar conciencias, otra habría sido la historia, y probablemente el país no padecería la situación tan lamentable que hoy lo asola. Después de tres años de investigación y vilipendios de toda índole, el proceso contra Oscar Iván fue archivado.

Cuando parecía haberse despejado el camino, otra nube negra se asomó en el horizonte: el escándalo de Odebrecht. Mientras que el presidente en ejercicio, este sí enredado hasta los tuétanos con la multinacional brasileña goza de impunidad judicial y mediática, la campaña de odio y desprestigio volvió a activarse en contra de Zuluaga. Es evidente que había que atajarlo como fuera, pues era el candidato natural del uribismo para el 2018 (le robaron las elecciones del 2014) cosa que, por supuesto, no le conviene a Santos, que sabe muy bien que, al final del ejercicio, se recibe de lo que se da. Todos los reflectores volvieron a posarse sobre Zuluaga, por una supuesta afirmación que hizo el asesor político brasilero Duda Mendoça, que, dicho sea de paso, no aparece formalmente en ningún expediente. Chismes y campaña negra a la orden del día.

Con la ponencia del Consejo Nacional Electoral, en la que el magistrado Carlos Camargo determina, después de practicar múltiples pruebas, que no hubo financiación ilegal de la campaña a la presidencia, se demuestra una vez más, que Óscar Iván Zuluaga volvió a ser víctima de otro montaje judicial para sacarlo del camino. Habiéndose reivindicado el buen nombre y la probidad de Zuluaga, es apenas lógico que entre en la baraja de precandidatos del Centro Democrático. 

No sé si votaré por Zuluaga, pero me parece una injusticia monumental que algunos pretendan derrotarlo a punta de inventos arteros y falsedades, y no en las urnas, como corresponde en democracia.

La ñapa I: Ya es hora de que los jefes de las Farc cuenten quiénes les vendían las armas y los explosivos para asesinar al pueblo y, de paso, que nos digan los nombres de sus clientes en la compra de droga.

La ñapa II: El exfiscal Luis Gustavo Moreno salpicó por estos días a Mauricio Lizcano. El señor senador no tiene por qué temer: siendo inimputable, no le aplica la ley penal. 

La ñapa III: Natalia Springer, más conocida como “la Tocarruncho”, sigue envuelta en líos de corrupción. ¡Qué caro nos salió a los colombianos el romance de la señora con el exfiscal Montealegre!

La ñapa IV: Si alguien quiere saber qué tiene de bueno el probable Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá, que averigüe qué utilidades reciben al año los operadores del sistema. Ahí está la clave.

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