Gran indignación me causó que el presidente Petro, al referirse al café en la instalación de la mal llamada Asamblea Nacional Cafetera, dijera que “no se produce, se extrae”. Y me sorprendió no solo porque el café se trabaja –y duro–, sino porque lo que dijo hace parte de un patrón cada día más recurrente en el jefe del Estado: un menosprecio absoluto por todo lo que representan millones de colombianos que simplemente no caben en su visión del mundo.

Ocurrió también esta semana con los geólogos e ingenieros de petróleo, de quienes, palabras más, palabras menos, dijo que desarrollaban actividades que no requerían ningún tipo de conocimiento o esfuerzo.

En la misma línea están los constantes ataques a las EPS y los cientos de miles de personas que trabajan en ellas, a quienes descalifica haciéndolos ver como explotadores y delincuentes que se le roban la plata de la salud a la gente. No, señor: son personas que trabajan para prestar un servicio. Son parte de ese país grande, que madruga y hace su trabajo con dedicación y esfuerzo.

Cada día aparece un nuevo grupo que es satanizado por el discurso oficial. Los congresistas que no votan los proyectos del Gobierno porque, según el Presidente, han sido comprados por intereses oscuros. Los magistrados que promulgan sentencias que no le gustan, porque supuestamente son manipulados por el sistema y están allí para defenderlo. Los gremios que no comparten su visión del mundo y la economía. Y la lista sigue...

Para el Presidente y su entorno, sus críticos son ética y moralmente inferiores. ¿Dónde está ese estilo de gobierno –que he tenido la fortuna de conocer de primera mano– en el que a los detractores se les responde con argumentos y no con descalificaciones?

Pero lo más grave no es perder las buenas maneras, eso es lo de menos. Lo peor es que mientras se criminaliza a la gente común y corriente por el simple hecho de estar en otra orilla política o ideológica, se normaliza a los verdaderos criminales.

El ejemplo que mejor ilustra esa dinámica perversa es la política de ‘paz total’. El caso de las disidencias de las Farc es paradigmático: a pesar de que siguieron delinquiendo y violaron el principio fundamental de no repetición, se les otorga estatus político y se les reconoce el nombre de ‘Estado Mayor Central’, como si fueran un ejército con plenos derechos.

La expresión máxima de la normalización de la criminalidad es la propuesta de una amnistía general de la que ha hablado el Gobierno. Esta semana se alertó en el Congreso sobre una posible reforma constitucional que está siendo socializada y que daría ‘superpoderes’ al presidente Petro para otorgar una especie de perdón total. Con este acto legislativo, el jefe del Estado podría anular de manera directa las condenas y sanciones judiciales de los delincuentes, así como las investigaciones que se adelanten en su contra.

La amnistía generalizada es sinónimo de impunidad a los victimarios. Hoy por hoy, en el mundo no hay amnistía para los crímenes de lesa humanidad ni para los crímenes de guerra porque lo que debe primar es darles justicia a las víctimas. Lo que propone Petro va, además, en contra de la JEP, que es hoy un referente para la solución de conflictos en el mundo. Una futura amnistía desestimula el sometimiento o la cooperación con ese tribunal.

La nueva estrategia del Presidente es hacer las cosas a la brava, es decir, mal hechas. Forzar intervenciones a las EPS, imponer una constituyente y acabar instituciones que ha tomado mucho tiempo construir (como la Federación de Cafeteros) es perder el sentido común que debe tener todo gobernante. ¿Cuándo recuperaremos una forma de gobernar en la que ganar las elecciones no sea patente de corso para imponer ideologías y pasar por encima de las instituciones? ¿Cuándo se respetará a los adversarios? Todo parece indicar que no será en la era Petro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion