Colombia es un país de desarrollo mediano con una enorme riqueza humana y biodiversa, con avances macroeconómicos, sociales, y deudas históricas evidentes, dados los niveles de pobreza y desigualdades persistentes; con una historia de violencia y corrupción, desplazamientos forzados, despojo, crimen, narcotráfico y violación de los derechos humanos.

En este marco, la economía colombiana se ha desarrollado generando avances que se concentran espacialmente a nivel económico y social. Aquí yacen los problemas estructurales del país, pues es una nación desigual y hoy radicalmente polarizada donde imperan narrativas absolutistas, sin lugar al debate razonado y respetuoso de la otredad. Narrativas que se sustentan en la “creencia” y no en el razonamiento o la evidencia. Con ciertos matices, más o menos así quedó dividido el mapa electoral de Colombia, luego de las elecciones presidenciales de 2026.

Bajo este contexto, resulta crucial establecer la ruta de los avances y por supuesto de los problemas estructurales que como desafíos requieren de un “acuerdo nacional” o “un acuerdo sobre lo fundamental”. El ciudadano o la lectora puede denominarlo como quiera, la idea es avanzar integralmente como país.

En primer lugar, la economía colombiana es resiliente y no en abstracto, pues empresarios, trabajadores y actores de los diferentes gobiernos nacionales y territoriales han contribuido a que la economía haya salido de la crisis pandémica, de condiciones globales adversas. Y, en el corto plazo pese a una profunda división política que vive el país; la economía colombiana crece positivamente con una tasa de cambio estable, logros en reducción del desempleo y mejoras parciales en formalidad laboral.

En segundo lugar, los problemas económicos se concentran en una inflación observada por encima del rango meta del Banco de la República, y un déficit fiscal estructural que se convierten en los principales desafíos macroeconómicos del país, dada su incidencia en el crecimiento, y en la distribución tanto del ingreso como de la riqueza.

Los hechos y la evidencia muestran que la economía colombiana no ha sufrido una deflación, tampoco una estanflación. El país se desarrolla sin experimentar una ruptura constitucional, sin expropiaciones ilegales, o desabastecimientos.

Ahora bien, para mejorar las bases del crecimiento económico en el largo plazo, se requieren políticas públicas que fomenten los factores que impulsan su desarrollo: mejorar la productividad, incrementar la inversión en capital fisco, en I+D, incentivar el capital humano de impacto (en especial, el formado en Ciencia, Tecnología e Innovación), y fortalecer tanto el desempeño como la calidad de las instituciones.

En tercer lugar, en lo social, Colombia sigue avanzando en reducción de la pobreza, en ampliación de la cobertura en educación y salud, y en mejoras relativas en la desigualdad de ingresos. Esto, por cierto, es un resultado de las distintas estrategias gubernamentales de orden nacional y territorial, así como en mejoras en los ingresos laborales, y producto de las remesas recibidas por los hogares colombianos.

Aquí es clave subrayar que la deuda social pendiente, es mejorar la pertinencia y la calidad de la educación desde los niveles iniciales hasta la superior.

En cuarto lugar, los problemas sociales se evidencian en fallos en las negociaciones de la “paz total”, en seguridad, así como en la prestación de los servicios de salud, y en la persistente desigualdad social y regional que experimentan los colombianos en sus territorios.

Bajo este marco, el dialogo democrático es fundamental para reconocer los problemas estructurales que caracterizan al país, sin desconocer los avances. Tal apuesta democrática requiere de liderazgos y narrativas políticas que conduzcan a establecer acuerdos que unan a Colombia sin exclusiones.

También, se requieren del uso de políticas públicas de largo plazo basadas en la evidencia, y en un ciclo político de concertación territorial donde se depongan los egos de los presidentes de turno, y donde la libertad, la paz y la justicia sean los principios estructurantes, y la seguridad un “medio” para garantizar los derechos humanos y los deberes de los colombianos.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .