Ayer jueves, la Contraloría Municipal de Cúcuta citó una Audiencia Pública para revisar cómo marchan las obligaciones legales del Municipio en la gestión dela grave amenaza sísmica de esta ciudad, que tarde o temprano vivirá un sismo de gran magnitud. Pero debió ser tan duro el golpe de la merecida derrota del domingo en el Mundial,que solo dos de los diez funcionarios citados asistieron.
El objetivo de la audiencia pública era confrontar a los funcionarios con las obligaciones legales ignoradas por ellos y sus antecesores desde 1997, cuando la Ley impuso a los municipios la obligación de hacer estudios de microzonificación sísmica y de evaluar la vulnerabilidad de edificaciones como hospitales, escuelas, etc., y reforzar sus estructuras para garantizar la vida de sus ocupantes en caso de un terremoto. Lo anterior, por supuesto, es prioritariamente exigible a ciudades que estén en zonas consideradas de alta sismicidad. Quizá ninguna más expuesta en Colombia a esa posibilidad que Cúcuta.
Por eso pensé que los secretarios de despacho asistirían con interés y preocupación, porque el terremoto del mes pasado patentizó que tan dilatada omisión de esos deberes de prevención puede resultarle muy caro a Cúcuta, que se ubica justo en el punto donde se origina la falla tectónica de Boconó, la misma que causó la tragedia de La Guaira.
De los diez funcionarios citados, solo uno de ellos, el Dr. Javier Prieto, gerente de IMSALUD, se presentó con el informe escrito solicitado por la Contraloría Municipal, que da cuenta de ejecutorias de esa entidad en trabajos de reforzamiento estructural de puestos de salud municipales y muestra un cronograma de obras para los próximos años.Los restantes nada enviaron, lo que hace presumible que nada se ha hecho, pese a que la evidencia histórica y científica señala que en cosa de décadas o quizá menos, tengamos que enfrentar una calamidad catastrófica que repita los acontecimientos de 1875.
Debería causar profunda preocupación que en lo que hoy es el Área Metropolitana de Cúcuta ya no vivan diez mil personas como en 1875 -entonces fallecieron mil-, sino más de un millón. No sé si sea indiferencia, despreocupación o desconocimiento, pero sea lo que sea, estamos ante un factor humano y administrativo que se suma y agrava el riesgo geológico. Por fortuna hay herramientas legales expeditas que pueden corregir esta situación, y como Contralor Municipal no dudaré en usarlas de inmediato.
Por lo pronto, la decisión de ayer fue suspender la Audiencia Pública con los funcionarios Municipales. Inmediatamente oficié a la Procuraduría General dela Nación reportando ese grave hecho omisivo y solicité su acompañamiento presencial en la reanudación de la Audiencia. Es claro que omisiones en el cumplimiento de deberes legales en materia de prevención de grandes sismos ha habido en la ciudad desde hace treinta años, y habría que sancionar esa falta en centenares de funcionarios que a lo largo de tanto tiempo han ocupado cargos de responsabilidad en la ciudad, pero en algún momento habrá que comenzar a individualizar esas responsabilidades, y sin duda este es el momento.
Quedaron por estrados muy advertidos los funcionarios que no asistieron a la audiencia de ayer. O se hace presentes en su reanudación con los informes solicitados, o la próxima audiencia la tendrán en la Procuraduría General de la Nación, que por cierto, recientemente expidió la Circular 012 de 2025, titulada “Implementación de los instrumentos de gestión del riesgo de desastres y cumplimiento de las normas de sismo-resistencia como medidas preventivas frente a la amenaza sísmica en el país”, que compendia las obligaciones que tienen los funcionarios municipales en esta materia, sin dejar duda de lo grave que es faltar a las mismas.Recomiendo su lectura a los funcionarios citados.
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