La democracia está pensada para garantizar la libre discusión de los asuntos públicos, en la perspectiva de llegar a conclusiones que permitan solucionar problemas en beneficio del interés general, entre muchas de las posibilidades que ofrece para el mejor desarrollo de la sociedad. Debe prevalecer la tolerancia y el respeto.
Al contrario, toda limitación a ese ejercicio configura censura, represión, o vulneración de derechos, como es propio en el autoritarismo en los regímenes de fuerza apalancados en el desconocimiento de la legitimidad reconocida a la voluntad deliberante de los ciudadanos. El dogmatismo oficial es una barrera contra la dinámica constructiva del pensamiento humano.
Frente a todo gobierno debe tener activa visibilidad la oposición. Está llamada a obrar con capacidad en la veeduría sobre el manejo que se le dé a cuanto haga parte del patrimonio común. Su función es denunciar los actos contrarios al ordenamiento legal o criticar con veracidad los desvíos de los servidores públicos o las operaciones de corrupción.
Su oportuno pronunciamiento puede contribuir a corregir y evitar males, que de tolerarse pueden alcanzar efectos devastadores. Esa acción de control es una importante contribución a la defensa del interés colectivo, tantas veces menospreciado, hasta por quienes consiguen ascensos prometiendo ser sus guardianes.
En Colombia la oposición ha tenido vigencia en diferentes gobiernos. Se ha hecho desde el Congreso y otras corporaciones públicas en nombre de los partidos y movimientos de opinión. También por parte de veedurías ciudadanas, o desde medios de información. Hasta voceros religiosos han actuado en esa línea. No ha faltado la oposición con pruebas irrefutables a desvíos estrepitosos. Pero no siempre la oposición ha merecido credibilidad, porque se ha sustentado en el sectarismo partidista y en no pocas ocasiones en la calumnia, convirtiéndose en narrativa abreviada en la mala fe y la mentira con pasión revanchista.
A finales del siglo XX, después de la fractura que ocasionó en el desarrollo político del país el Frente Nacional, al ser elegido presidente Virgilio Barco le abrió espacio institucional a la oposición. Todo un reconocimiento a la importancia de esa función para que ejerciera vigilancia sobre la gestión de quienes tenían la responsabilidad del mando. Gobierno-oposición fue una fórmula de fortalecimiento de la democracia. Y actualmente se cuenta con el Estatuto de la Oposición, el cual refuerza su estatus de legitimidad. Es, sin duda, una garantía para la articulación de la transparencia en la función pública, entendida en la utilidad que genera su aplicación.
No debe quedar duda sobre la importancia de la oposición como expresión de la democracia. Lo cual obliga a que se ejerza con responsabilidad, con el sello de la verdad. Oponerse no puede ser rechazar lo que tienda a fortalecer el desarrollo nacional, construir la paz, erradicar la corrupción en todas sus versiones, superar los factores de pobreza y desigualdad, impedir la degradación ambiental, ofrecer educación y salud en condiciones de óptima calidad, darle reconocimiento cierto a los derechos que dignifican la existencia humana.
Quienes son actores de la oposición deben honrarla y no degradarla, como viene ocurriendo en Colombia.
Puntada
La desesperación de la derecha en el mundo tiende a un desbordamiento criminal. La muestra está en la torpe rebelión de los seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil. Como ya lo habían hecho en Washington los súbditos de Donald Trump.
