La historia de nuestra Policía, creada en 1891, en su largo siglo de existencia es compleja/truculenta como la historia del país. Concebida y estructurada en el marco del proceso para establecer un estado nacional, un poder central moderno que permitiera superar las debilidades de autoridad estatal con la permanente puja entre poderes e intereses locales y regionales de corte gamonalista, que caracterizó al federalismo extremo y romántico del Período Radical. En sus orígenes está el trabajo y la asesoría prestada por el Inspector de la policía francesa Juan María Marcelino Gilibert. Esta policía se constituye como una fuerza policial adscrita al Ministerio de Gobierno dependiendo en los departamentos de los gobernadores, a cuyo servicio se encontraba, en un país golpeado por la devastación humana, demográfica y económica que dejó la Guerra de los Mil Días, y entusiasmado por los aires de cambio y prosperidad que bajo la bandera “del progreso” reemplazó el ambiente enrarecido de los conflictos político-ideológicos y de las guerras civiles decimonónicas.
Un momento de ruptura se da entre 1929 y 1930, con la gran crisis del capitalismo mundial, mientras que en Colombia el partido liberal ganaba la presidencia poniendo fin a la larga hegemonía conservadora se inicia un período de turbulencia política, al reaparecer, en el horizonte nacional desde las regiones, y las orejas de la violencia partidista en medio de la profundización de las transformaciones sociales, económicas, culturales y de ocupación del territorio en curso. La policía dependiente de los gobernadores empezó su involucramiento en los conflictos partidistas territoriales, generándose, de hecho, una policía liberal y otra conservadora, según la orientación del respectivo gobernador.
El punto culminante de este proceso se dio con ocasión de los sucesos del 9 de Abril. El gobierno central nacionalizó la fuerza policial y la trasladó del Ministerio de Gobierno al de Guerra/Defensa, iniciándose así su desnaturalización como fuerza civil desarmada responsable de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana (“guardianes de paz”, como los definen en Francia), para convertirse en parte de la fuerza pública del Estado, encargada de su seguridad; “los hermanos menores” como los llaman los militares.
Durante “la violencia tardía” de los cincuenta y en el medio siglo de existencia de las acciones guerrilleras, la policía se transformó en una fuerza armada de combate, alejándose de su naturaleza civil de guardiana de la convivencia. En su equipamiento con armamento ofensivo, en su entrenamiento y discurso institucional, en la naturaleza de las misiones y operaciones en las que participaba, se acrecentaba su perfil militar en detrimento del policial.
Esta metamorfosis tiene su explicación en las condiciones particulares de la criminalidad existente en Colombia en las últimas décadas, asemejándola a fuerzas parapoliciales existentes en otros países - los carabineros italianos y chilenos, la guardia civil española y la republicana francesa o nacional norteamericana - creadas para atender situaciones criminales que superan las surgidas de la convivencia ciudadana. Colombia, sin duda, necesita ese cuerpo armado que actúe en la lógica de la seguridad nacional, como parte integrante de las fuerzas militares que dieran abasto a los requerimientos del crimen que amenazaba las ciudades.
Sin embargo, el cuerpo policial civil simplemente no existe en Colombia; el problema no es el Esmad, como algunos plantean. El afán de la inminente transformación de la Policía está en la conformación de ese cuerpo civil adscrito al Ministerio del Interior, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades individuales, para asegurar la seguridad y pacífica convivencia ciudadana, como bien corresponde a nuestro ordenamiento democrático. Sería un cuerpo policial dependiente del alcalde en tanto es “la primera autoridad de policía del municipio” según establece la Constitución. Hoy el comandante de policía de la ciudad le responde jerárquicamente al mando policial integrado al Ministerio de Defensa, generándose una ambigüedad de competencias y responsabilidades, particularmente surgida, de lo confusa de su actual naturaleza, y no lo afirmo como columnista, sino como exsecretario de Gobierno de la capital de Colombia.
