En el afán por levantar el paro U’wa que tuvo lugar en el primer trimestre del 2014 se firmó, el 1 de mayo de aquel año, en Cubará- Boyacá, un acuerdo entre el Gobierno y la comunidad indígena , cuya primera cláusula dice así: “Se inicia el proceso de clarificación para el reconocimiento de los TÍTULOS COLONIALES por parte del Gobierno y la Nación u’wa con el respectivo plano o mapa en un plazo de dos meses, y con ello demuestran la buena fe en los procesos de diálogo”.

Dos años después los u’wa mantienen bloqueada la unidad de gas Gibraltar, de Ecopetrol, que, según ellos, está ubicada en territorio ancestral y con relación al cual no se ha cumplido el compromiso adquirido solemnemente por el Gobierno en 2014, de delimitar las tierras que en los tiempos coloniales conformaban la que en el acuerdo se denominó Nación u’wa.

En el entretanto, no pudiendo sacar Ecopetrol el gas de esta unidad, lo está teniendo que traer desde la Costa Caribe para suministrarlo a Bucaramanga y a su zona de influencia, con recargos de hasta el 35 % para una comunidad de más de 500.000 usuarios.

En rigor los u’wa tienen razón: se les prometió delimitar sus territorios coloniales en un término irreal de dos meses, cosa que naturalmente no se ha hecho y que, probablemente, no podrá hacerse nunca. Su territorio colonial se extendía desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el Cocuy, al decir de la memoria colectiva que aducen los dirigentes de la comunidad u’wa.

Es éste un buen ejemplo de lo que no debe negociarse nunca en los afanes por salir de los paros. Pues luego, como está sucediendo en esta ocasión, se convierte en fuente adicional de conflictos.

En este caso, lo que se negoció por el Gobierno con los u’wa puede tener repercusiones insospechadas, además de configurar un precedente gravísimo para las cada vez más frecuentes negociaciones que por estos días se suscitan con comunidades indígenas ubicadas en todos los rincones del país. Pienso muy especialmente en las del Cauca.

Los territorios coloniales, o ancestrales, que ocupaban las comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles eran, desde luego, inmensos. Y hay que diferenciarlos de los resguardos otorgados a las comunidades indígenas a lo largo de los años republicanos, por autoridades como el Incoder o el Incora.

Abrir el precedente de que se les reconocerá a los indígenas jurisdicción y mando, ya no solo en el ámbito de los resguardos republicanos donde naturalmente hay que respetarles sus espacios, sino también en el de los ancestrales o históricos (probablemente más de medio país), abriría un foco de disturbios monumentales, como el que gira hoy en torno a las facilidades gasíferas de Ecopetrol en Gibraltar.

Es fácil, o para decirlo mejor, facilista, negociar el levantamiento de un paro firmando en la berma de las carreteras o al calor del conflicto, sin reflexionar sobre las consecuencias que pueden acarrear compromisos atolondrados, como el que se suscribió con la comunidad u’wa en mayo de 2014.

Quizás la mejor enseñanza que dejó el paro camionero fue que no se negoció lo que no era factible cumplir. No se aceptó, por ejemplo, lo de la tabla de fletes, que hubiera sido la fórmula más fácil para levantar en las primeras de cambio el conflicto, pero que hubiera dejado nefastas consecuencias para la economía en general y para el índice de precios.

* Exministro de Hacienda y de Agricultura.