No basta con exigir más recursos para la educación pública. También, nos debemos preocupar porque la plata que hay disponible se gaste responsablemente. ¿De qué sirve añadir presupuesto a la universidad pública, si no se gasta el dinero con eficiencia y visión?
Es importante que la educación sea un tema central en las prioridades del estado colombiano. Pero paralelo a la exigencia de recursos, se debe presionar por calidad al interior de las instituciones. Se debe revisar que la burocracia o contratación perversa no se consuma los recursos públicos, que haya una cantidad coherente de estudiantes por funcionarios. Son necesarios mayores controles y evaluaciones del costo/beneficio en la inversión y funcionamiento de las instituciones. Como cualquier organización pública, los gastos de una institución educativa deben ser optimizados.
Por ejemplo, la universidad pública Francisco de Paula Santander (UFPS) ha sido criticada por el no confiable manejo administrativo de sus directivas. La UFPS ha sido denunciada a nivel nacional, porque lastimosamente se ha convertido en un foco de corrupción política. En el segundo semestre del 2018 se le canceló el contrato laboral a más de 100 profesores de cátedra, por razones meramente políticas. Estudiantes han manifestado que las elecciones a rector funcionan con dinámicas deshonestas, como votos a cambio de notas.
El actual rector, Héctor Parra ha sido elegido seis veces para el cargo, a sabiendas de su mala reputación como administrador de la universidad. ¿Por qué la fuerza de las protestas estudiantiles no se concentra en figuras como esta?
Otro tema fundamental es la falta de visión sobre la oferta académica en Colombia. Los pregrados, posgrados y programas técnicos deberían enfocarse en las competencias económicas y sociales del país. Actualmente, casi todas las instituciones ofrecen los mismos programas tradicionales que les generan rentabilidad. Hay una alta concentración en programas como Derecho, Administración y algunas ingenierías, con la consecuente sobresaturación de egresados en las mismas pocas áreas, lo que ocasiona problemas de bajos ingresos y subempleo.
Según la OCDE, Colombia tiene de los más altos porcentajes de matrícula en Administración y Derecho, 45 % en 2016, (Colombia: Education at a Glance, 2017). Además, tiene el 2 % de matrícula en Matemáticas y Ciencias Naturales, y muy poco personal con capacidad de investigación y desarrollo. En una economía moderna de ciencia y tecnología, no es posible lograr crecimiento ni competitividad sin un alto porcentaje de científicos, ingenieros y técnicos de alto nivel en la fuerza laboral.
Es necesario ampliar la oferta académica con programas que aceleren la producción de conocimiento en Colombia, y por ende, la producción de valor agregado para nuestra economía. También, la inversión debe ir dirigida a tener mejores instituciones técnicas, ya que en nuestro país la educación técnica es subvalorada, cuando es primordial para el desarrollo.
No es pedir plata por pedirla. La educación en Colombia podría reducir más la pobreza y desigualdad, si lográramos que en las universidades hubiera menos corrupción y más políticas de inversión coherentes con el futuro económico que queremos. La protesta social es una herramienta muy poderosa para la democracia colombiana, pero debe ser ejercida con responsabilidad. El único problema no es la falta de inversión en este rubro del presupuesto nacional. La corrupción y la falta de visión son temas en los que los manifestantes deben profundizar. Muchos sectores han tratado de desacreditar la protesta, en parte, porque no han podido mostrar un discurso que abarque toda la complejidad de la crisis educativa en Colombia.
