En Colombia viven más de un millón de personas provenientes de Venezuela, producto de la emergencia humanitaria que atraviesa el vecino país, por causa de la suma de una serie de factores políticos y socioeconómicos. 

La problemática ha reflejado una clara necesidad de promover un marco normativo, desde el nivel central, de intervenir el fenómeno e impactar positivamente en las comunidades, tanto receptoras como migrantes. 

Sin embargo, en el nivel territorial también se presentan responsabilidades que no pueden ignorarse. 

Nadie niega la condición sui géneris del tema migratorio, claramente es un proceso desconocido, pero esto no puede convertirse en la excusa para la inactividad desde los niveles local y departamental. 

En los municipios de frontera se vive un ambiente de expectativa irracional, tanto las autoridades locales como la sociedad civil, esperan el momento en que los migrantes se regresen a Venezuela, el momento en que todo se solucione. 

Sin embargo, la solución no va a llegar por inercia, la democracia no se restablecerá en el vecino país de manera automática, y, de lograrse una estabilización política, la normalización económica y social no serán inmediatas. 

Por ello, hay que construir una solución, y los gobernantes de turno deberán dar las batallas políticas que haya que dar. 

Alcaldes y gobernadores deberán superar la especie de ‘ley mordaza’ que se vive en los territorios respecto de la integración y la promoción del acceso a derechos para la población migrante. 

Se le hace ‘ley mordaza’ a todo aquel que se atreva a proponer algo para los venezolanos. Inmediatamente surgen las reacciones: ¿Y para los colombianos qué?

El crecimiento de la segmentación social, el rechazo a la otredad, y el resentimiento -como lo demuestran diversas mediciones (Gallup, Invamer)-, son elementos que deben superarse mediante campañas que permitan alfabetizar, tanto a la clase política como a la ciudadanía, respecto del fenómeno migratorio. 

Todo líder que pretenda hacer una excelente gestión durante su mandato deberá tener certeza de que la lógica exigirá entrar en unas disputas y aplazar otras: Esta es una disputa inaplazable, sobre todo, teniendo en cuenta que no existe neutralidad moral al evadir el problema. 

Alcaldes y gobernadores deberán nadar contra la corriente, como lo hizo en su momento Abraham Lincoln en su discurso en Springfield, cuando se pronunció en contra de la esclavitud en una coyuntura donde el desarrollo económico y el futuro de la Nación dependían de la continuidad de la “incómoda decisión” que tomaron los Padres Fundadores para poder formar la Unión, respecto de mantener la esclavitud para evitar perder territorios.

Los estadounidenses habían heredado el esclavismo de los británicos y sabían que, sin él, no tendrían Nación, pero esperaban que desapareciese por sí solo. Lo mismo nos pasa 162 años después, heredamos una problemática y esperamos que se resuelva mágicamente. 

En su momento, Lincoln supo vincular el respeto por el pasado nacional con la visión del futuro colectivo. Hoy, los líderes de los entes territoriales deben hacer lo mismo, por conveniencia o por sensatez. Es más, posicionar el Municipio como un territorio pionero en integración, debería ser la máxime de todo gobernante local que recibe población venezolana. 

La construcción de los Planes de Desarrollo es la oportunidad perfecta para superar la ‘ley mordaza’, y generar programas y subprogramas que impacten directamente sobre los diferentes tipos migratorios (pendular, de tránsito, con vocación de permanencia y retornados), en aras a garantizar una verdadera integración de migrantes, retornados y receptores, de la sociedad colombiana. 

Entre las medidas de integración por las que los gobernantes deberían jugarse su capital político, y demostrar que las políticas se trazan no para convocar comités de aplausos o cumplir con indicadores de gestión, sino para mejorar las condiciones de vida de la gente, deberán focalizarse aquellas orientadas al acceso a derechos, promoción del desarrollo económico del país, y lucha contra la discriminación que se vive hacia la población migrante.