Las cifras desconciertan. La producción de coca se disparó y en el 2017 logrando el récord de Colombia ser el proveedor del 70% de la coca que se consume en el mundo. 

Y lo dice Naciones Unidas. El desafío que se viene es garrafal: ¿qué hacer? Y aparece una nueva polarización frente a la fumigación con glisofato como arma de erradicación. 

Toda la confusión nace de no aceptar el papel central que al menos desde hace 35 años, desde el proceso de negociación del presidente Belisario Betancur, ha jugado el narcotráfico en el conflicto armado colombiano. 

Pretender desconocerlo o minimizarlo como sucedió en las negociaciones de La Habana, es dejar la fiera suelta, como se aprecia hoy con el avance continuado de grupos armados y en extremo violentos que aprovecharon las nuevas circunstancias para consolidar y ampliar a sangre y fuego el control de un negocio billonario, hoy complementado con la minería criminal, especialmente de oro.

El narcotráfico que no solo infiltró sino que desnaturalizó lo que en sus orígenes era un conflicto armado con raíces y motivaciones políticas; le dio el combustible económico para que se prolongara indefinidamente en el tiempo, en un proceso de degradación continuado que llevó a su rechazo por una grandísima mayoría de colombianos. 

De esas ambigüedades de los Acuerdos en torno a un asunto tan crítico, supuestamente para proteger a los campesinos cultivadores, nacen muchos de los problemas y diferencias que se presentan actualmente para su implementación, relacionados directamente con el negocio maldito. 

Es indudable que a la sombra de los Acuerdos aumentó drásticamente el área sembrada y la producción, a costa de una gran deforestación, incluida la de la valiosa selva de la Amazonia. 

Los territorios controlados en el pasado por las Farc empiezan a ser copados por grupos de narcos que se imponen a sangre y fuego, matando líderes comunitarios, forzando a la población a vincularse al negocio. 

No nos cansaremos de repetir, firmados los Acuerdos con Santos, el Estado no hizo la tarea, asegurando una presencia inmediata. 

Una omisión con terribles consecuencias que ahora empiezan a manifestarse con la multiplicación exponencial de áreas cultivadas y que para el gobierno Duque parecería no tener otra salida para enfrentarlo que .... fumigando

Una decisión que cuenta con la creciente presión norteamericanas y de sectores de la opinión y que arrastra el reconocimiento del fracaso de la sustitución voluntaria. 

Una experiencia que el gobierno no debe echar por la borda y que debe evaluar los logros y dificultades del programa y establecer clara y responsablemente su compromiso con su continuidad y fortalecimiento.

Pero si no hay eficacia en la sustitución, la fumigación será inatajable. Y con ésta todos sus efectos ambientales, sociales y políticos al poner el peso de los costos de la guerra contra la droga sobre los hombros de los campesinos productores quienes seguirán viendo en el Estado a su enemigo y en los narcos un apoyo, que aunque maldito, finalmente es eficaz. Es necesario plantear claramente que bajo unas condiciones restrictivas específicas, en casos muy precisos y extremos, el gobierno podrá fumigar, como complemento y no sustituto de la estrategia de sustitución voluntaria. 

La droga no terminará en el mundo pero el país podrá y deberá salir de una trampa que compromete su futuro. El Estado tiene las armas para lograrlo, eso está claro, lo que está por verse, aunque hay signos esperanzadores es sí el gobierno actual tiene la claridad y la decisión para actuar. Urge que en este como en otros temas cruciales presente su visión y análisis de la realidad y manifieste en decisiones concretas su voluntad de compromiso con la política.