El presidente Iván Duque no es un demócrata y cada día que pasa aumenta el riesgo para la institucionalidad del país. En estos 4 años nunca asumió la jefatura del estado. Se convirtió en el jefe del centro democrático y ahora en el jefe de debate de su candidato Federico Gutiérrez.

La intervención abierta y descarada en política de su gobierno no tiene precedentes. Cada día su figura se ve más pequeñita a los ojos de los ciudadanos y su imagen negativa ya supera el 80%. Curiosamente, parece que nadie en su entorno se atreve a pedirle que se calle por el daño tan grande que ocasiona a su candidato. Más sereno y estratégico resultó su mentor y jefe, Álvaro Uribe, quien se escondió porque entiende que su participación hace daño a la aspiración de su nuevo escogido.

El tema no pasaría de ser un simple juego electoral, sino estuviera de por medio la democracia misma. En este momento, con las decisiones y actitudes del presidente, se amenaza seriamente la estabilidad institucional y no parecen existir contrapesos suficientes para neutralizar el autoritarismo de Duque.

Su propósito desinstitucionalizador se inició con la cooptación de los organismos de control y la Fiscalía. Siguió con la toma de control de la junta del Banco de la República y ahora busca mantener, más allá de su periodo, a sus amigos en la junta de Ecopetrol y en forma irregular anticipa el proceso de elección del Contralor General, para dejar allí a un exfuncionario muy cercano a su entorno, asustados por la posible llegada al organismo fiscalizador de un Contralor independiente, que investigue con seriedad el despilfarro y la corrupción de los últimos años.

La etapa de mayor descaro y peligro institucional arrancó a finales del año pasado cuando el gobierno decidió, en su desespero político-electoral, pasarse por la faja la constitución y desmontar la ley de garantías que impedía que en época electoral se utilizara el presupuesto nacional para torcer la voluntad ciudadana. Impulsaron un proyecto de ley a sabiendas que sería tumbado por la Corte Constitucional, con el fin de feriar el presupuesto nacional con gobernadores y alcaldes, para “persuadirlos” de apoyar sus listas al Congreso y su candidato presidencial. Hace unas semanas, con mensaje de urgencia, presentaron otro proyecto de ley para impedir un empalme transparente con el nuevo gobierno.

Todos estos antecedentes de un Presidente sin la grandeza de jefe de Estado, son apenas un juego de niños frente a lo que acaba de suceder. Desde el Frente Nacional, bajo el liderazgo y la autoridad moral del Alberto Lleras Camargo, después de la amarga violencia partidista de los 50, la sociedad colombiana adoptó como principio fundamental de nuestra democracia la no participación de los militares en la controversia política.

Celosamente, en los momentos más difíciles de los últimos 60 años se preservó el espíritu civilista de nuestra fuerza pública. Esa norma se rompió groseramente el viernes anterior por parte del General Zapateiro, quien violó el artículo 219 de la CN. Y Duque nuevamente se mostró como jefe de campaña y no del estado, al salir a defender la ilegal actuación del comandante de las fuerzas militares.

La democracia colombiana se encuentra hoy, entonces, en manos de unos aprendices que juegan a gobernar con una pequeñez que aterra. Si a eso sumamos la desconfianza en la organización electoral, podríamos afirmar sin exageraciones que corre peligro la institucionalidad. En ese contexto es un mal chiste que el gobierno convoque una Comisión Nacional de Garantías Electorales cuando desaparecieron hace tiempo por cuenta del mismo Duque. A pesar de todos los abusos y atropellos perderán el poder porque el 80% de los colombianos votará por el cambio.

En este escenario preocupa la reacción de un gobierno insensato e infantil. Hace meses Laura Gil se preguntó si el uribismo estaría listo para entregar el poder. A muchos nos pareció exagerada esa duda. Hoy lamentablemente la pregunta adquiere una aterradora vigencia. ¿Duque estará en condiciones de responderla con claridad?