La educación en sus diferentes niveles es el tema de política pública que concita los mayores acuerdos en la sociedad. Educar, desde el preescolar hasta la educación superior, es un proceso de formación de la persona para que pueda desempeñarse de mejor forma en su vida personal y social, al desarrollar sus capacidades, su potencial. Lo anterior es un planteamiento general sin objetores. Los problemas y las diferencias empiezan a aflorar cuando el bello enunciado aterriza en la realidad.
Por la misma naturaleza de la tarea, del proceso de educar, afloran de inmediato dos grandes litigios. El primero, de aumentar las coberturas, confrontado con la calidad de la educación que se ofrece; mientras que lo primero depende fundamentalmente de los recursos económicos disponibles, básicamente presupuestales, la calidad no se resuelve solo con más dinero y los resultados no están a la vuelta de la esquina. Educar no es simplemente expedir títulos, los más posibles; es lograr ser mejor persona y mejor ciudadano, no simplemente tener una mano de obra más especializada y por consiguiente mejor calificada y pagada.
El segundo litigio surge de la naturaleza misma de la educación como un derecho de todos los ciudadanos, un bien público garantizado por el Estado. No significa que deba ser prestado solo por el Estado, pero sí que su centro de gravedad sea la educación pública, con un aporte subsidiario y en muchos aspectos complementario, que nunca sustitutivo. Y la supervisión del Estado debe estar siempre presente, para evitar que se reduzca a ser un negocio rentable para sus dueños y una estafa para quienes pagan una matrícula.
Las marchas de estudiantes y profesores en todas las ciudades del país llamaron la atención sobre las urgencias de la educación en general y de la superior en especial, con un llamado al gobierno Duque para que centre su atención y sus recursos de manera prioritaria y efectiva en la educación y en la investigación. Con este reclamo debería estar de acuerdo un Gobierno que ha reiterado su voluntad de impulsar un proceso de modernización de la sociedad y de la economía a partir de políticas de apoyo a la creatividad y al emprendimiento de los jóvenes, en la línea de la llamada economía naranja; sin un apoyo fuerte y continuado a la educación y la investigación, estaríamos simplemente ante otro discurso que nace muerto, otra buena intención que se ha de llevar el viento.
Implica un cambio del rumbo trazado en el frenesí neoliberal, antiestatista y privatizador del gobierno de César Gaviria cuando se expidió la Ley 30 del 92, que en plata blanca significó congelar en términos reales el presupuesto para la educación superior. Hoy los recursos son los mismos que se tenían hace 26 años, mientras que en el período los cupos aumentaron un 284%, casi triplicándose. En 1993 el Gobierno transfería anualmente 9,7 millones por estudiante; en el 2018 solo el 60% de esa cifra, 5,7 millones. El resultado, un déficit acumulado por el sistema universitario en estos años, que alcanza la escalofriante cifra de $420.000 millones. Menos mal que ya pararon el absurdo programa de Ser Pilo Paga que iba camino de convertir el actual escenario de crisis en uno de catástrofe.
El reclamo de hoy no solo es justo sino necesario para el futuro de una Colombia golpeada y desconcertada, pero que conserva la energía suficiente para avanzar, si el Gobierno la apoya. Acá sabremos los colombianos hasta dónde Iván Duque está dispuesto y en capacidad de hacer realidad sus compromisos.
