La planeación en Colombia nace de la mano del Frente Nacional, imbuida del espíritu cepalino entonces dominante en América Latina, en una época en el país y en el mundo, de grandes confrontaciones y transformaciones políticas y económicas.
Fue concebida y establecida como una planeación indicativa, no imperativa como existía en los países del bloque socialista, pues lo que buscaba era básicamente establecer unos objetivos y unas líneas y prioridades de acción para desarrollar en el mediano plazo, no simplemente en los periodos de los cuatrienios gubernamentales, que buscaba a través de ese instrumento que el Estado pudiera dar la orientación general que tendrían tanto las iniciativas económicas empresariales como las tareas propias del desarrollo social. Claramente respondía a esa visión de que el desarrollo del país era una tarea conjunta entre el estado y el sector privado, o si se quiere, entre las políticas estatales y la operación de un mercado libre. Esos lineamientos, objetivos y compromisos de política estaban acompañados de un presupuesto plurianual de tipo general, que permitía establecer los órdenes de magnitud del gasto público y las grandes prioridades del mismo, sin entrar en los detalles de la financiación de proyectos específicos que serían ya la labor del gobierno durante el tiempo de vigencia del plan de desarrollo. Este propósito general poco a poco se fue desnaturalizando en la medida en que su aprobación debía ser realizada por el Congreso y allí entre los pequeños compromisos e intereses de los congresistas y el oportunismo de los gobiernos para meter temas muy específicos que por diferentes razones le interesaban, fue perdiendo su sentido original. Fue solo cuestión de pocos años para que el instrumento de la planeación, de ser indicativo y esbozador de propuestas y caminos de solución se volviese lo que es hoy, un verdadero arbolito de navidad donde gobierno y congresistas bajo la cobertura de un gran plan de desarrollo fueron acomodando temas muy específicos, muy concretos que podrían tener su importancia en muchos casos pero que no representarían esos objetivos generales, esas perspectivas para cuyo diseño habían sido concebidas el mecanismo de los planes de desarrollo.
Basta decir que en el plan de desarrollo que se aprobó en el 91, ya en vigencia la nueva constitución, estaba conformado por 47 artículos y ya para este año alcanzó la cifra de 372, cuyo incremento en buena parte se debió a que en el Congreso fueron presentadas 6000 proposiciones para modificar el articulado de la ley de presupuesto. Creo que no hay que ser muy agudo para entender que perdió su carácter de ser el instrumento de política para trazar las grandes líneas y prioridades del gobierno y de la nación en el mediano y largo plazo. Su naturaleza planificadora quedo diluida en mil y un intereses específicos, absolutamente puntuales tanto del gobierno de turno, como de los congresistas de siempre y de los sectores ciudadanos y de interés, a los cuales pocas veces los mueve la búsqueda de propósitos colectivos.
Si fue diseñado como un instrumento indicativo, no imperativo, general y no casuístico para evitar caer en las garras del estatismo, terminó en las del clientelismo y al servicio de intereses concretos que no son equivalentes al interés general a cuya sombra el concepto de planeación había nacido.
En el proceso de crisis de la capacidad de acción y de liderazgo de las políticas públicas y de la acción estatal en general, juega un papel muy importante la desnaturalización que ha sufrido el instrumento de planeación. La conclusión es sencilla de formular: debe rescatarse la planeación para que sea el espacio y el instrumento para lograr el acuerdo fundamental, no simplemente transitorio y casuístico entre los territorios con su diversidad que conforman a la nación, a las comunidades que los habitan y que a su vez conforman nuestra estructura social y a los actores económicos de diferente naturaleza que son los motores para un verdadero desarrollo integral, que sea coherente y estructural.
