El nombramiento del general Salamanca como nuevo director de la Policía generó polémica. Demuestra que no había oficiales en activo con capacidad para asumir el mando y que era indispensable traer alguien desde el retiro. Pasarán años para que la Policía vuelva a contar con un cuerpo de generales como el que decapitaron. 

Salamanca tiene todas las condiciones para liderar ese proceso de reconstrucción. Contrario a lo que dijeron muchos, es un hombre institucional y un demócrata, no un comunista infiltrado. Es respetado dentro de la Policía y todos le reconocen su lucha contra la corrupción. Además, tiene carácter, como quedó demostrado en los hechos  que dieron lugar a su salida. No se transó, aunque estaba en juego su futuro. Ahora que ya alcanzó el mayor honor posible en su carrera, tendrá aún menos incentivos para callar. 

De manera que, Petro y Velásquez se equivocan si nombraron a Salamanca con el convencimiento de que sería una mero consueta o una marioneta. 

Ahora bien, el nuevo director de la Policía va a tener un desafío mayor que el que cualquiera de sus antecesores. Uno, porque tendrá que hacer la tarea sin contar con un grupo de generales preparado y con experiencia que lo apoyen. Deberá hacerlo llevando de la mano a los que quedaron. 

Dos, porque el deterioro en materia de seguridad es acelerado y palpable. De todos los problemas, el peor es el narcotráfico. Hay más narcocultivos que nunca en la historia y todos los grupos violentos, sin excepción, y algunos mafiosos extranjeros, están hasta el cuello en el negocio. Los ingresos de esos grupos son extraordinarios no solo por los volúmenes de coca que se producen sino porque son aún mayores por cuenta de la devaluación, de manera que están bien financiados y han mejorado su capacidad logística y de reclutamiento. Para rematar, el Gobierno no solo ha renunciado a combatir a fondo el narco sino que toma decisiones, una detrás de la otra, que los fortalece. Con esos grupos robustecidos, la dinámica del conflicto se agudiza y cada día son mayores los enfrentamientos entre ellos por el control de territorios, rutas y laboratorios.  

Para rematar, tres, no contará con el apoyo del Gobierno para cumplir con sus funciones. De hecho, con frecuencia la Casa de Nariño y el MinDefensa serán un obstáculo con el que deberá lidiar. De entrada, no contará con apoyo aéreo. Y, a juzgar por la alucinante condecoración de Petro a los policías secuestrados en el Caguán, van a continuar las órdenes al más alto nivel para que los uniformados no se defiendan. 

En consecuencia, cuatro, tendrá que lidiar con un personal desmoralizado y con un fuerte incentivo para la parálisis, para no operar, y, peor, como viene ocurriendo, para pedir el retiro voluntario aún sin cumplir requisitos para la pensión anticipada. Menos mandos, menos personal, menos experiencia y muchísimos desincentivos.

Quinto, la “paz total” es un galimatías, una chapucería inviable que salta de improvisación en improvisación y que ignora la experiencia y el conocimiento adquirido en décadas, y que, sin embargo, define toda la agenda de seguridad del Gobierno o, mejor, la ausencia de ella, y que marca los parámetros de la actuación de la Fuerza Pública.

Y eso nos lleva al último punto: Salamanca deberá caminar en una línea frágil y peligrosa, siempre al borde del abismo, una en la que deberá lidiar con un Gobierno altamente ideologizado y chambón y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales y hacerle sentir a la ciudadanía que tiene una Policía confiable y eficiente que protegerá su vida, integridad, libertad y bienes.