Después de que la sala de instrucción decretara de manera arbitraria, caprichosa y politizada la privación de la libertad de Álvaro Uribe, se abrió una polémica sobre la reforma a la administración de justicia. 

La reforma es una vieja urgencia por muy diversas razones. Entre ellas la corrupción del sistema, con cuatro ex presidentes de la Suprema y al menos tres magistrados más vinculados directamente al cartel de la Toga o mencionados en las grabaciones. El mal ejemplo de la corte más importante se repite en magistrados y jueces de nivel inferior. Solo en los últimos seis meses se han presentado actos de corrupción en los tribunales de Barranquilla, Bogotá, Santa Marta y Villavicencio. La corrupción es una plaga extendida por todo el Estado, pero es especialmente grave cuando afecta a quienes deben luchar contra ella. 

La impunidad en materia penal es altísima, incluso en los delitos más graves. Según Transparencia por Colombia, alcanza un 94%. Ocupamos el octavo lugar en el Índice Global de Impunidad 2017. Tanta es la impunidad que la invitación a la reincidencia es altísima. De los más de 240.000 capturados por hurto en el 2017, 91.423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. 

La morosidad de nuestra justicia es aberrante. En la justicia civil y en la contencioso administrativa los casos pueden durar quince o más años sin resolución final. Una justicia tan lenta es finalmente injusta. La ausencia de una solución institucional al conflicto entre particulares solo invita a la corrupción y la justicia por propia mano. Y es un incentivo perverso al abuso del derecho y el desconocimiento de los contratos. 

El aparato judicial, con cinco altas cortes y centenares de magistrados, es no solo costosísimo e ineficiente sino que facilita el choque de trenes y la burocratización y el clientelismo. 

El engendro de la JEP es un tribunal de impunidad, producto de un pacto espurio, y le rompió el espinazo a la rama judicial. La JEP no es imparcial, busca favorecer a las Farc, apretar a los militares y demoler su moral, desprestigiar al Estado y dar la idea de una igualdad ética entre la conducta de los criminales y la de quienes defendían a los ciudadanos, la Constitución y el estado de derecho. Para peor, adolece de los mismos vicios de corrupción, morosidad y clientelismo de la jurisdicción ordinaria.  La calidad de magistrados y jueces es mediocre o peor, con contadas excepciones. Antes los magistrados eran los faros del mundo jurídico, doctrinantes y catedráticos ilustres cuyos textos, conferencias y sentencias servían de guía y enseñanza para estudiantes, profesores y litigantes, y cuyas carreras todos los abogados queríamos emular. Hoy nadie sabe siquiera sus nombres y muchas de sus decisiones no valen ni el papel en el que son escritas. 

La inseguridad jurídica es la reina, con interpretaciones arbitrarias de la ley y modificaciones caprichosas a la jurisprudencia. Sin seguridad jurídica nunca seremos competitivos. La Constitucional ha usurpado funciones del Congreso, trasladó el poder político a las cortes y minó al parlamento como el espacio para la deliberación y la decisión democrática. 

Los magistrados no tienen control alguno. Una invitación al abuso del poder y el delito. Y hay tanto una politización de la justicia como una judicialización de la política, como prueba este caso contra Uribe. 

Como consecuencia, desde 1991, se han intentado diecinueve reformas al sistema de administración de justicia, sin éxito porque las Cortes siempre se han atravesado. 

La Constitucional, en algunas sentencias, ha señalado que ciertos aspectos estructurales de la reforma a la justicia no pueden hacerse por el Congreso sino por el constituyente primario, es decir, por constituyente o referendo. Así que la idea no es nueva ni es una retaliación contra la Suprema. Es una necesidad inaplazable. Ahora, como la constituyente es una caja de Pandora y no tiene futuro sin apoyo del presidente, y Duque no la quiere, hay que pensar en alternativas. Quizás hoy no quede sino un referendo que, en todo caso, hay que pensar muy bien antes de poner en marcha para no ocasionar, una vez más, otra frustración ciudadana.