Con un indicador de 16,34%, Cúcuta fue la ciudad de Colombia con la inflación más alta en 2022, golpeando el bolsillo de los ciudadanos, pues, esa alza de precios ya se comió el aumento del salario mínimo de 16%, que comenzó a regir desde el 1 de enero de 2023.
¿Cómo se controlan los precios? o ¿quién vela por el consumidor? Son interrogantes que se hacen los habitantes de la ciudad.
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De acuerdo con el abogado Carlos Roanem Peñaranda Pérez, jefe del Área de Derecho Comercial y Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, por medio del artículo 333 de la Constitución Política, rigen los principios de la libre competencia y de la iniciativa privada; por lo tanto, se permite una libertad de precios.
“No tenemos una regulación o una fijación de precios”, afirmó el experto, quien manifestó que del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se desprende para ciertos bienes y servicios que el Estado pueda regular y hacer la intervención en la economía en temas de impuestos, transporte y servicios públicos.
Peñaranda explicó, por ejemplo, que en el caso de los arrendamientos de vivienda urbana, no pueden los prestadores de este servicio fijar un canon superior al que estableció el IPC para el año anterior. Sin embargo, en materia de arrendamientos de locales comerciales, sí hay libertad en la fijación de precios y eso puede generar el aumento de bienes y servicios.
“Lo que fue el aumento del salario mínimo y con el costo de vida, vamos a notar que las personas vulnerables y las de más bajos ingresos son las que van a resultar perjudicadas”, resaltó.
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El profesor de la Unisimón manifestó que la Constitución no permite crear un la ley que controle precios. No obstante, existen decretos o medidas que regulan algunos aumentos, como el de impuestos, parqueaderos públicos y el pasaje transporte público en buseta y taxi, entre otros.
(Cúcuta es la ciudad en donde más subieron los precios de bienes y servicios en 2022. / Foto Archivo)
Regulación afecta la producción
El economista Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta Cómo Vamos, señaló que la regulación y control de precios implica la intervención del Gobierno en la economía y estas generan desincentivos a la producción, porque estipulan a los empresarios un valor a su bien o servicio, según los costos de producción, a los trabajadores que contrate y las materias primas que compre.
“Eso puede conducir a desabastecimiento o escasez, por lo que esto no es lo mejor para ninguna economía en general. Estamos suponiendo que el alza de precios se debe a unas acciones deliberadas por parte de los empresarios, cuando realmente no hay forma de demostrar que eso sea cierto, sino que se debe a fenómenos globales y de la dolarización de la economía venezolana que tiene repercusión en la frontera”, aseguró Zambrano.
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Impulsar la venta directa
El presidente de la Liga de Consumidores de Cúcuta, Rafael Camperos, ha estado monitoreando los precios de los alimentos y, en un recorrido por comercios de la ciudad, encontró que el aceite de 3 litros, que en diciembre valía $30.000, bajó a $26.000 y $23.000; la papa pastusa disminuyó a $3.500 por kilo y el de papa criolla a $3.000, y la carne de cerdo está en $20.000, luego de ubicarse hasta en $22.000. Se mantienen los precios de pollo y la carne de res.
Camperos manifestó que “es costumbre en que diciembre suban algunos productos”. Recordó que, a nivel institucional, existen las oficinas de protección al consumidor, pero lamentable en Cúcuta desde el año 2000 no hay un ente así.
“Estamos en un comité y creamos el llamado Consejo Municipal de Protección al Consumidor y en la próxima reunión, en enero , se revisarán las estrategias para ver cómo se puede ayudar a la ciudadanía”.
El presidente de la Liga de Consumidores añadió que se deben buscar alternativas, como impulsar la venta directa de los productos del campo a los ciudadanos, a través de las ferias campesinas que han organizado la Alcaldía y la Gobernación o con algunos agricultores.
Sostuvo que es necesario promover más acciones que protejan al consumidor, porque “no se puede seguir siendo” la ciudad con la inflación más alta del país.
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