El sector de la construcción hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional ante varias decisiones que se han adoptando y terminarían perjudicando al gremio constructor.

Determinaciones como la reducción en los subsidios de ‘Mi Casa Ya’ para 2025 y el incremento en aranceles para la importación del acero, tendrían efectos negativos en la producción de vivienda popular y en el empleo a nivel nacional, según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol.

Esa agremiación emitió un duro pronunciamiento en el que pidió que se revisen de manera objetiva las políticas para el sector constructor que se han tomado hasta el momento. Situaciones que repercutirían en la generación de empleo del gremio. La medida que mayor resistencia ha generado tiene que ver con la reducción de subsidios a ‘Mi Casa Ya’. 

“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, dijo Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

De acuerdo con lo advertido por ese gremio, la destinación de recursos por parte del Gobierno para programas de vivienda se reduciría en un 39 % pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025.

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Bajo esa línea, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados por el Gobierno Nacional para el próximo año. Cerca de 6 mil de los 20.500 subsidios ya se encuentran preasignados.

“Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55 mil VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011″, dijo Herrera, quien agregó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200 mil puestos de trabajo durante 2025. 

La construcción fue el sector de la economía que más puestos de trabajo perdió con 84 mil plazas. En el segmento de vivienda se perdieron 79 mil empleos, de los cuales 47 mil (59 %) fueron trabajos de obreros, oficiales y operarios. De esta manera, el presidente de Camacol resaltó que se está afectando a los hogares y trabajadores de menores ingresos.

En ese sentido, desde Camacol recordaron que el Gobierno Nacional viene anunciando una política de recuperación económica para impulsar el crecimiento del país desde mediados de 2023, para lo cual se mencionó de manera reiterada la necesidad de proteger el empleo e impulsar sectores que generan impacto en el corto plazo. “No obstante, transcurrido más de un año, dicho plan no ha sido implementado y, por el contrario, las políticas públicas adoptadas podrían disipar los esfuerzos que desde el sector privado se vienen realizando para reactivar la vivienda”, recordó Camacol mediante un comunicado.

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Los decretos que han afectado a la construcción

Según Camacol, en el último año se han adoptado al menos cuatro decisiones como salvaguardias o gravámenes que tienen un impacto significativo en los costos de la construcción. El más reciente fue el incremento del 30 % para el acero importado. Pero no ha sido el único, pues productos como hierro y aluminio también han sido afectados por decisiones.

De acuerdo con Camacol, este año afectan el 88 % de las importaciones de aluminio, el 55 % de las importaciones de alambrón y el 31 % de las importaciones de barra. “Es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda”, dijo el presidente de ese gremio.

“Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta”, agregó el presidente de Camacol.

El directivo gremial afirmó que “resulta contradictorio que el Gobierno celebre la adopción de unas medidas arancelarias que claramente van a seguir agravando la generación de empleo en un sector donde el 85 % de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios. Sin la construcción no se puede hablar de una política de reindustrialización”.

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