Avianca abre un nuevo episodio en la disputa de las aerolíneas por el control del mercado en el país. La empresa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra William Shaw, CEO de Ultra Air, por el delito de "fraude procesal".
El diario La República informó que tuvo acceso a la denuncia en que Avianca lo señala de "aportar una gran cantidad de información falsa" en el escrito que Shaw presentó ante la Aeronáutica Civil, en oposición al proceso de integración empresarial que solicitaron Avianca y Viva Air.
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Según argumenta Avianca en la denuncia de 21 páginas, en su rol de tercera parte interesada en el trámite, Ultra Air entregó información falsa a Aerocivil que podría inducirla a un error en el proceso de tomar la decisión.
Avianca resalta las que, en su criterio, son falsedades en las que ha incurrido Shaw con tal de incidir sobre el proceso y conducir a que la petición de integración sea negada. Una es la acusación de que Avianca y Viva han estado operando rutas y fijando tarifas conjuntamente, otra es que ya se integraron.
Otra mentira de la que Avianca lo acusa, es el señalamiento de que Avianca se integró con EasyFly y que la controla, y que los demás competidores perderán acceso a los simuladores de vuelo de propiedad de Avianca.
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En el documento radicado ante la Fiscalía, Avianca sostiene que todo esto es falso.
Son nueve las aerolíneas que manifestaron formalmente su interés de tomar postura en el caso. En particular, la aerolínea de ultra bajo costo Ultra Air ha venido alertando que la integración configuraría un "monopolio", de llegar a aprobarse. Esto, según ha argumentado Shaw, porque al sumar sus participaciones de mercado ambas conseguirían acaparar alrededor de 60% a 70%.
Avianca y Viva han anunciado que pretenden operar bajo un mismo holding, que es el Grupo Abra, junto con la brasileña Gol, Viva Perú, GOL Linhas Aéreas y Sky Airline.; en conjunto, buscan ser uno de los grupos “más robustos de Latinoamérica”.
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El fraude procesal es un delito tipificado en el Código Penal, que consiste en inducir a error a un servidor público por medios fraudulentos con el objetivo de obtener una sentencia, resolución o acto contrario a la ley.
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Diario La República
