Hay un asesinato puntual sobre el cual debe exigirse que la impunidad no lo vaya a corroer, como sucede en otros casos, puesto que la sociedad necesita respuestas y resultados.

Nos referimos a la muerte violenta del periodista Cristian Herrera, cuyo caso saltó a la palestra por situaciones  en las últimas semanas.

Una, el anunciado envío a juicio de los autores materiales, dos, la posibilidad de que el caso sea transferido a la justicia especializada  y tres, las advertencias sobre el amenazante ambiente para ejercer el oficio periodístico en el país y la región.

Está muy bien que el señalado sicario y dos cómplices hayan sido detenidos y ahora se encuentren en manos de la justicia. Eso no se desconoce.

Pero, y ¿qué ha pasado con los autores intelectuales y los financiadores? ¿En qué van esas investigaciones?

El 6 de noviembre se cumplen cinco meses del silenciamiento a bala de la libertad de expresión representada en el crimen de Herrera.

La claridad sobre este hecho debe brillar prontamente llevando tras las rejas y al banquillo a los responsables por más poderosos que estos sean y desentrañando el entramado criminal para ejecutar este homicidio.

Debido a la magnitud del hecho y sus consecuencias sería lo mejor que lo asuma la justicia penal especializada, pero poniéndole la marca de prioridad y de esa manera evitar el riesgo de que la impunidad empiece a cubrirlo con el polvo del olvido.

Al tratarse de un caso que hiere gravemente los derechos a informar y ser informados es de lógica que requiera un tratamiento jurídico diferencial para -insistimos- no solo condenar al sicario sino ir por quienes dieron la orden de silenciar para siempre a Cristian Herrera.

Por ejemplo, en lo que va de este año,  la Fundación de Libertad de Prensa  ha documentado 52 agresiones contra la prensa en Norte de Santander, incluidas 30 amenazas.

Esos datos resumen el peligroso entorno en que los periodistas adelantan sus actividades en esta zona del país cruzados por todas las formas de violencia y delincuencia que terminan afectando a toda la sociedad y, por supuesto, poniendo entre sus objetivos a los comunicadores para callar a quienes denuncian y revelan sus atrocidades y empresas criminales.

Para el difícil momento que se vive en la ciudad y el departamento, encaja perfecto lo señalado por la Sociedad Interamericana de Prensa, de que la defensa de la libertad de prensa exige que las instituciones actúen, que existan garantías reales y que la sociedad respalde el derecho de los ciudadanos a informarse.

Esa premisa de recibir información es la que lleva las de perder, porque según la FLIP, la amenaza es el tipo de agresión más frecuente y su efecto es el silencio: quien la recibe se replantea qué investigar y hasta dónde avanzar.

Por todo ello, tiene toda la razón la SIP, porque un periodismo libre y sin acosos desde ninguno de los flancos es necesario para la conservación del tejido social, la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de la misma  democracia.

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