Estudiantes de reconocidas universidades privadas colombianas se han tomado las calles para protestar contra las que ellos consideran exageradas alzas de las matrículas para el año entrante, lo cual tendría como desenlace la merma en el número de alumnos que continúen sus estudios y también una posible baja en la llegada de aquellos recién salidos del bachillerato.
Cuestiones coyunturales que van desde la devaluación, la cascada inflacionaria y la proyección del aumento del salario mínimo, aparecen como argumentos centrales del reajuste para estudiar en esos establecimientos educativos.
Pero también no debe descartarse que la reforma tributaria que ya salió del Congreso de la República y a la que solo le resta la firma presidencial, tenga alguna incidencia en esta decisión de numerosas instituciones de estudios superiores.
El nuevo paquete tributario que entrará a regir el año entrante, contiene el artículo 95 en el que ordena a las instituciones de educación superior asumir los intereses por encima del Índice de Precios al Consumidor de sus estudiantes con créditos otorgados por el Icetex.
Y aunque la norma advierte que el valor de este apoyo financiero de las universidades a sus alumnos no puede trasladarse al costo de las matrículas, lo cierto es que ahora se asiste a un panorama de agrio distanciamiento entre universitarios y sus lugares de estudio por las alzas anunciadas y que ya empezaron a regir.
Cifras conocidas señalan que un semestre de Medicina fluctuará en los $31 millones (Los Andes), $29 millones (Javeriana) y $21 millones (Universidad del Norte), por ejemplo, y la carrera de Derecho en ese mismo orden le valdrá a un padre de familia, $15 millones, $21 millones y $13 millones.
No más ahí, ya los costos educativos dentro de la canasta familiar empiezan a configurar un alto impacto inflacionario, aunque el Ministerio de Educación les ha hecho un llamado a las instituciones privadas que los ajustes no superen los niveles de la inflación.
Al ministro Alejandro Gaviria le parece inconveniente el alza. “Yo creo que las universidades deben entender el momento difícil y coyuntural del país y no debe haber aumentos en las matrículas. Las instituciones pueden argumentar sus razones para subir precios, pero eso debería ser la excepción y no la regla”.
Esta afirmación abrirá sin duda un gran debate entre quienes consideran este tipo de aumentos como una barrera insalvable para muchos que desean profesionalizarse, la de aquellos que afirman que esto es irreversible por las dificultades internas y externas y un tercer grupo que defiende el alza pero dice tener planes de becas para ayudar a disminuir la deserción de las aulas universitarias.
Ojalá haya un término medio que permita desenredar favorablemente este problema, puesto que indudablemente la educación no debe de ser vista como un gasto sino como inversión social de grandes implicaciones favorables para el país, con el fin de poder avanzar en los diferentes planes previstos en los ámbitos nacional y regional.
