Sigue cruzada la región por una incesante escalada de violencia que ya marca, por ejemplo, la primera masacre en Cúcuta en el recién posesionado gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Y en el Catatumbo, el fragor del conflicto armado no cesa con ataques en Convención, Tibú, Ábrego y Sardinata, mediante la utilización de los drones cargados de explosivos que pasaron a convertirse en los elementos preferidos por los grupos ilegales para atacar a la Fuerza Pública y afectar a los civiles.

Luego de que se produjera el primer bombardeo de este gobierno -que dejó varias inquietudes- en el ambiente sigue rondando la expectativa ciudadana sobre la puesta en marcha de todos los componentes de la nueva estrategia militar y policial definida por la administración nacional contra el terrorismo y el crimen organizado que  pretenden desafiar al Estado.

¿Dentro del Escudo de las Américas qué plan concreto se contempla para puntos específicos en Norte de Santander como la subregión catatumbera, el área metropolitana de Cúcuta y la frontera con Venezuela?

En este aspecto en específico, y teniendo presente que en la región se concentran todas las formas de violencia y del crimen transnacional, no hay detalles sobre las operaciones a ejecutar.

También hay una pregunta válida sobre lo que significará para departamentos como el nuestro la siguiente afirmación del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth: “A través del recién investido presidente  (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas”.

Una de las dudas, igualmente valederas, es si esto le abre las puertas a la presencia de militares extranjeros, asunto en el cual el Consejo de Estado y el Senado de la República tienen un papel protagónico otorgado por el artículo 173 de la Constitución Política de 1991.

Y el otro escenario al que por el momento se deberá acostumbrar la región es que no habrá ninguna clase de diálogo o conversaciones de paz con ninguna estructura armada ilegal como claramente lo dijera el presidente De la Espriella el día de su posesión: “La opción del diálogo está completamente agotada”.

En ese ambiente de confrontación se debe garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos de la población civil, con el fin de no incurrir en señalamientos, persecuciones y hostilidades de toda naturaleza.

Ya la Defensoría del Pueblo alertó sobre  amenazas y mensajes estigmatizantes contra personeros del Catatumbo quienes deben ser protegidos por las autoridades competentes.

En medio de este fragor de guerra, hay que esperar el monitoreo permanente de los organismos defensores de derechos humanos y que la aplicación del Escudo de las Américas se haga dentro de las directrices expuestas por el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora,  como lo son:  “el respeto irrestricto por la soberanía, la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y el ordenamiento jurídico de cada Estado”.

Y una pregunta final: ¿cómo va a ser la cooperación venezolana en todo este andamiaje contra grupos como el Eln, el narcotráfico y las bandas criminales?

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