El enjambre de drones cargados con explosivos que el sábado cinco de septiembre fue lanzado contra un batallón militar en Ocaña, describe la delicada situación de orden público generada por la utilización de esa clase de armamento prohibido.
Al tener ahora ese nuevo tipo de arsenal que está fundamentado en equipos de vuelo dirigido a los cuales les adicionan artefactos explosivos para atacar a la Fuerza Pública y hostigar a la población civil, Colombia entró a este nuevo escenario bélico.
Primero, el mundo asistió a una guerra de estas características en territorio europeo, en el todavía vigente conflicto entre Ucrania y Rusia, con un alto número de víctimas fatales en ambos mandos y demoledora destrucción de infraestructura.
Lamentablemente esta nueva táctica militar en el terreno de operaciones cruzó el Atlántico, en lo referente a su uso como nueva posibilidad de combate.
Aunque en el caso específico del conflicto armado colombiano, más que para combatir es para preparar ataques sorpresa entre organizaciones enemigas como el Eln y la disidencia de las Farc, en su disputa por el Catatumbo y para atentar contra el Ejército, la Policía y los pobladores.
Lo más grave es que también las organizaciones armadas ilegales cuentan con estructuras especializadas en el manejo de esos aparatos, como lo confirman las detenciones y la sofisticación en el uso y cantidad de drones para ocasionar el mayor daño en las explosivas acciones que lanzan.
Otro de los hechos que se advierte es la sofistificación, también, para la transformación de esos aparatos zumbadores en portadores de la muerte mediante la instalación de cargas explosivas de diversa índole, con las cuales han provocado víctimas fatales, como los tres militares asesinados en el cuartel militar ocañero.
Todo lo anterior ha dejado este año una estela de dolor con el registro de 418 ataques entre enero y septiembre, que para el caso concreto de Norte de Santander deja a 13 uniformados muertos, de los 25 que en el país han perdido la vida, en esa clase de incursiones.
El reporte de las Fuerzas Militares pone al departamento de segundo en la lista de ataques con ese armamento prohibido, que encabeza Cauca con 243 casos; Norte de Santander, con 45; Valle del Cauca, con 33; Chocó, con 31; Nariño, con 12, y Antioquia, con 10.
Enfrentar ese desafío con urgencia tiene que llevarlo a cabo con urgencia la Fuerza Pública con la estructuración de planes concretos que incluyan hasta operaciones de reentrenamiento y conocimiento de nuevos armamentos para enfrentar los drones explosivos.
Es inobjetable que debe procederse a dotar de equipos con los cuales los soldados y policías tengan la capacidad operativa y defensiva, en determinadas áreas altamente sensibles a esa modalidad guerrerista, de enfrentar a las estructuras al margen de la ley.
Lo anunciado de que nuevas subestaciones como la de Guamalito (El Carmen) tendrán sistemas contra drones y tecnología de inhibición para reducir los riesgos derivados de ataques con aeronaves no tripuladas, es un avance en la dirección correcta para prevenir graves consecuencias en caso de nuevas incursiones de esa naturaleza. Los antidrones y los drones ofensivos deben entrar a hacer parte del arsenal oficial.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
