Concretar varios anuncios es lo primero que debe hacerse para que los venezolanos y los vecinos empiecen a percibir la apertura hacia el proceso concreto de la necesaria transición democrática.

La reforma de las instituciones judiciales y electorales es lo inmediato y más urgente para que se dé la largada hacia unas elecciones presidenciales que estén blindadas de todos los vicios del pasado.
Departamento de Estado de los EE. UU. ya le fijó un plazo específico a la prioritaria renovación del Tribunal Supremo de Justicia, que debe   de estar lista antes de finalizar el presente año.

Se está en una carrera contrarreloj para  que, como lo señala  el organismo estadounidense, dicha infraestructura judicial y electoral sea arrancada de raíz y reemplazada por algo nuevo.

Es que para Washington, el TSJ y el CNE venezolanos han actuado como instrumentos de control del régimen, afirmación que deja entrever que no podrán ser un simple maquillaje, sino la planeación de cambios profundos para que el poder judicial del vecino país deje de estar cooptado,  subordinado al gobierno de turno y actuando en contra de la oposición.

El máximo tribunal tendrá que tener como meta perenne la administración de justicia para todos los venezolanos sin favoritismos ni abusos de ninguna naturaleza, asunto que resulta esencial para que se empiece  a recuperar la confianza del país en sus instituciones.

La siguiente descripción del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contiene recuerdos contundentes: “El TSJ ha tenido una participación activa en avalar la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, la integración de una írrita Asamblea Nacional Constituyente, la ruptura del hilo constitucional en 2017 y la persecución y criminalización política de los disidentes del gobierno de Nicolás Maduro​. Además, la composición actual del TSJ, con fuertes conexiones con el oficialismo, demuestra su falta de independencia y transparencia”.

Serán los venezolanos quienes determinen si habrá una especie de Tribunal Supremo de Justicia con designación temporal de sus magistrados, mientras una vez restablecida la democracia, se encamina hacia una era del  TSJ independiente, en la que se deje para la historia todo lo ocurrido en el chavismo y se proceda a reconstruirlo aprendiendo, precisamente, de esos errores y sus consecuencias.

Y del Consejo Nacional Electoral venezolano la imagen es peor. “En Venezuela, ese CNE no es solo su departamento de elecciones. Este consejo teóricamente hace eso, pero hace mucho más. También decide qué partidos se pueden registrar y quién se puede postular”, es el concepto que en Departamento de Estado tienen de ese organismo electoral.

Recordemos, por ejemplo, que en los comicios presidenciales de 2024, nunca dio a conocer las actas, pero si dio como ganador a Maduro, aparte de las demás acciones similares que se le atribuyen.

En Venezuela se escuchan voces para que al nuevo CNE no se otorguen atribuciones políticas o discrecionales sobre la habilitación de competidores y así evitar que se saquen del camino a aspirantes opositores.

La idea expuesta desde Washington, es que el ente electoral pase a funcionar, exclusivamente, como una plataforma técnica encargada de disponer la logística, desplegar las máquinas de votación, abrir los centros, escrutar los sufragios y publicar los resultados.

La confianza en que esas tareas se lleven a feliz término le pondrá a 2027 la etiqueta de año electoral en el vecino país, con el firme propósito de que abrir las urnas signifique un voto realmente libre en unas elecciones llenas de credibilidad dentro del proceso que permita el ejercicio democrático de la oposición y la alternancia futura en el poder.

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