La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reseñaron que cerca de 138 millones de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil.

El llamado ‘trabajo prematuro’ tiene como combustible muchas condiciones relacionadas con la pobreza extrema y la proliferación de necesidades básicas insatisfechas.

Cuando núcleos familiares caen por debajo de los niveles socioeconómicos que los empujan a la miseria, terminan siendo los menores de edad quienes terminan  saliendo a laborar para  entrar a colaborar en la consecución de los recursos que permitan la subsistencia.

La falta de acceso a la educación, las crisis económicas, los conflictos y las desigualdades sociales siguen siendo el combustible que le da vuelo a este delicado problema que finalmente golpea el futuro mismo de los niños y niñas.

Para tener presente que no estamos ante un inocente juego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que los Estados deben adoptar medidas especiales de protección para garantizar que las niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros, libres de explotación y con acceso efectivo a sus derechos fundamentales.

Es suficiente lo dicho por el alto tribunal. A los estados les corresponde tener presente esta notificación, en el entendido que los recursos presupuestales  para la niñez no es un gasto sino una inversión para la defensa de un sector muy importante de la población.

Hay que advertir que al no defender y en cambio sí estancar la aplicación de acciones y medidas para sacar adelante los derechos de niñas, niños y adolescentes lo que se termina es afectando su desarrollo integral, educación, salud y bienestar. 

Y trayendo este caso a Colombia nos encontramos con sorpresas, como las que surgen de las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En primer lugar, hay un  indicador convencional según el cual hay 302.000 a los niños, niñas y adolescentes que están dedicados al trabajo.

Así fuera apenas uno, la anterior cifra nos demuestra que la sociedad y el Estado les están violando los derechos humanos a una niñez y adolescencia que deberían estar estudiando y jugando, bajo la protección de sus familias.

Sin embargo, al hacer un análisis más exhaustivo y sumarle el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el número de menores entre 5 y 17 años que trabajan asciende a 1.18 millones. O sea, hasta la primera infancia está siendo afectada, en un hecho que hace urgente la intervención de la institucionalidad para salir en su protección. 

Ahí ya nos encontramos ante un fenómeno más delicado al cual debemos ponerle atención y trabajar de manera urgente para empezar a conjurarlo.

El ambiente natural de los menores y adolescentes es el colegio para de allí salir hacia la educación universitaria o técnica, para después sí salir a buscar opciones laborales formales.

Condenar a los menores de edad a obligarse a la explotación laboral es igualmente poner en riesgo a las futuras generaciones porque pueden terminar lejos de la educación y sometidas a la informalidad.

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