El sicario y los autores intelectuales no lo acallarán ni a él ni a la prensa regional, porque la valentía de Cristian perdurará y la información no se dejará amilanar ante los violentos que la pretenden censurar.

En una democracia plena la libertad de expresión debe preservarse y una de las formas de blindarse es levantar la voz y trabajar con el mismo ahínco que lo hacía nuestro colega vilmente asesinado.

Abriendo la Constitución de 1991 se encuentra en ella el artículo 20 que es muy importante pero al mismo tiempo afectado desde diversos frentes para intentar sofocar su filosofía sobre el derecho a informar y ser informados.

Y si la Carta Magna lo contempla, se supondría que todos los colombianos tienen la obligación de acatarla, pero como sucede con muchas normas en nuestro país, la libertad de prensa sigue siendo objeto de ataques mortales, amenazas y hostigamientos de toda índole.

Cristian Herrera, quien inició y profundizó su carrera periodística en La Opinión, fue martirizado por aquellos enemigos de la verdad que pretenden callar a los comunicadores y a los medios, para de esa manera tratar de imponerle una riesgosa mordaza que finalmente termina debilitando la democracia colombiana.

 ¡No lo callarán! La misión que cumplió seguirá siendo un faro para iluminar esta noble labor informativa que el gremio seguirá adelantando, contra todas las vicisitudes e inconvenientes que persistan en el camino.

En contraprestación a esa función social que el periodismo lleva a cabo en un territorio con altos índices de inseguridad como Norte de Santander y donde persisten graves riesgos para informar, hay reclamos muy concretos a la Policía, los organismos investigativos, la justicia y al Gobierno nacional.

El primero y de suma importancia en este momento tan doloroso para la profesión, es que el asesinato de Cristian Herrera no quede impune para que los determinadores sean identificados, llevados ante los tribunales y condenados.

Aquí debemos hacer un paréntesis para advertir la sangre fría del pistolero motorizado que perpetró el asesinato, lo cual ya debería dar indicios sobre el poder que se oculta detrás de quienes contrataron a este sicario profesional.

 Además, el Estado tiene la obligación de reforzar tanto las medidas de seguridad como brindar todas las garantías para el desarrollo periodístico a fin de que no siga estando en la mira de organizaciones criminales o de otra índole.

No puede seguir este conteo de periodistas muertos, amenazados, desplazados o silenciados.  Informar y ser informados está bajo fuego y eso es de la mayor gravedad para una sociedad.

El resultado de este tipo de episodios mortales, aparte de enlutar la profesión, ocasiona el devastador efecto de la autocensura que en últimas es uno de los fines que buscan aquellos que usan las balas asesinas.

¡No lo callarán! porque el legado de Cristian Herrera como defensor de la libertad de expresión seguirá vivo. Paz en su tumba y a su esposa e hijos un mensaje de solidaridad por el dolor que los embarga en medio de esta tragedia.

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