La medición del impacto económico y social de la violencia que padece Norte de Santander es necesario hacerla para preparar acciones urgentes y de choque para contener graves síntomas de contracción, pérdidas de empleo y más pobreza.

En los diferentes renglones de la actividad económica de la región hay que proceder a evaluar el impacto de la escalada terrorista en el área metropolitana, el Catatumbo y Ocaña.

¿Hay disminución de ventas? ¿Posible reducción de pedidos? ¿Ha aumentado la percepción de dificultad en sectores como el transporte de carga?

¿La actividad del comercio formal ha registrado efectos por el temor ciudadano ante el recrudecimiento de los atentados y ataques con explosivos en la zona urbana?

En razón a lo que está ocurriendo, que no es de ahora sino de tiempo atrás, pues no olvidemos que por ejemplo tenemos una guerra de 20 meses entre el Eln y la disidencia de las Farc en el Catatumbo, Estados Unidos mantiene recomendaciones de no viajar a Norte de Santander y la frontera con Venezuela.

Esos costos ocultos del conflicto armado sin duda pesan y por ejemplo son muy sensibles en sectores como el turismo donde uno de los atractivos esenciales es precisamente la seguridad.

Es que sin duda ya no podríamos hablar solamente de las acciones delincuenciales que sufren los empresarios y comerciantes por la extorsión y el secuestro sino porque la oleada terrorista deja también una estela de costos ocultos.

Por ejemplo ese de estar en listas de zonas de riesgo o permanecer dentro del ranquin de ciudades más violentas, obviamente, acarrean dificultades que llegan a desestimular el consumo, afectar las posibilidades de nueva  inversión privada, provocar la caída en la productividad entre otras.

Vale la pena traer a colación un informe publicado a finales de 2024 sobre un estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo en el que se advirtió que para Colombia los costos directos del crimen y la violencia fueron del 3,64% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2022, equivalente a $68 billones anuales.

La evaluación determinó que los recursos que las empresas y negocios deben invertir en medidas de seguridad para protegerse de la criminalidad, incluyendo vigilancia privada, sistemas de protección y seguros son equivalentes al 1,76% del PIB.

Fedesarrollo y el BID en ese diagnóstico calcularon en 0,88% del PIB los costos en capital humano. Estos incluyen la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios, los delitos no letales y la privación de libertad de los agresores, lo cual reduce la capacidad productiva del país al limitar la contribución económica de las víctimas y las personas privadas de libertad.

Por todo lo que ha sucedido, debe recalcarse que la región requiere de un fuerte apoyo gubernamental para la protección del aparato productivo y comercial con medidas económicas especiales, el respaldo a los proyectos de infraestructura y las acciones para impulsar la digitalización e ingresar hacia modelos de mano de obra especializada en ese campo.

Y, obviamente, se espera la vigorización en el comercio bilateral con Venezuela para volver a los tiempos de los 7.000 millones de dólares anuales, pero con el componente esencial de que ese intercambio tenga su reflejo en el desarrollo socio-económico fronterizo.

Para cerrar, ¡necesitamos que cese este conflicto fratricida!

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