Como si ya no fueran pocos los males que arrastra, ahora Colombia carga con el estigma del país más peligroso para los líderes ambientales que se encuentran en la mirilla de los grupos violentos.

Queda muy mal parado el gobierno del presidente Gustavo Petro que aparte de prometer el cambio también señalaba ser un defensor de quienes luchan por la protección, conservación y preservación medioambiental.

Sin embargo, en esto también ha fallado. Es prácticamente que un nuevo fracaso, que causa mucha inquietud, puesto que es otra consecuencia de los malos resultados en las políticas de seguridad ciudadana y de la agónica ‘Paz Total’.

Lo peor es que se trata de la advertencia hecha internacionalmente por el grupo de defensa británico Global Witness. En 2023, en Colombia se registraron 79 activistas asesinados, muy por encima de los 60 contabilizados en 2022 y el número más alto que Global Witness haya registrado para un solo país en un año desde que comenzó a monitorear tales asesinatos en 2012.

¿Dónde quedan tantos discursos? ¿Qué falló en los planes para proteger a los líderes sociales que luchan contra la minería ilegal, por la defensa de los ríos y contra la depredación de la fauna y la contaminación, por ejemplo?

El dramático cuadro descrito por la institución que dio a conocer los datos, señala la destrucción de un tejido social que es esencial en un país biodiverso como el nuestro, puesto que entonces el miedo y la zozobra producto de los crímenes e intimidaciones terminan por desestimular el surgimiento de esta clase de importantes liderazgos.

El Gobierno Nacional tiene un gran reto en este campo, porque por ejemplo le están diciendo en el escenario global que “la cifra realmente es escalofriante”, como lo advirtiera Laura Furones, asesora principal de la campaña de defensores de la tierra y el medio ambiente de Global Witness.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente se reconoció la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado.

¿Y entonces? Si tomamos apartes de esa respuesta se podría deducir que hay debilidades para contrarrestar la influencia de todos esos males sobre las comunidades, que hoy enfrentan los efectos de ese poderío criminal.

Entonces los líderes que se atreven a levantar la voz a reclamar y a defender a sus comunidades de los efectos devastadores de la violencia que los grupos armados ilegales ocasionan en los territorios.

Ese campanazo de alerta debe despertar al Gobierno Nacional del letargo y proceder a recomponer las acciones en la seguridad y decidir si sigue o no con la maltrecha ‘Paz Total’, puesto que este solo hecho del ataque indiscriminado contra los líderes ambientalistas debe recalcarle que los resultados están en rojo y es necesario reorientar el rumbo.

Muy bien suenan para la galería los discursos para prevenir los efectos del cambio climático, de la descarbonización de la economía y de la energías alternativas, pero todo eso pierde su filosofía cuando en la práctica las regiones colombianas están siendo golpeadas por los violentos que, entre otras acciones reprochables, tienen al medioambiente como a un enemigo al que no dudan en atacar.

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