Ni en la época en que los cilindros bomba salían volando como proyectiles ni cuando en las pescas milagrosas la guerrilla se llevaba secuestrados o en aquellos asaltos contra pueblos se había registrado un ataque contra Chinácota, como el de los explosivos lanzados desde una motocicleta a la estación de Policía.

Nada de extraño hay en que la osada acción se tratara de una especie de señuelo para  probar la capacidad de reacción de la Fuerza Pública en esta localidad turística tan importante que en los fines de semana, los puentes festivos y temporada de vacaciones acoge a una gran población flotante.

En este momento los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía en alianza con la Fiscalía están en la obligación de un despliegue de sus mejores sabuesos descubrir e ir tras la pista de los motorizados  que cometieron el atentado y proceder a desenmascarar a los autores intelectuales, porque la ciudadanía exige resultados.

Está muy bien que se decidan planes de contención y para proteger al emblemático municipio distante 40 kilómetros de Cúcuta, pero es vital despejar las dudas y el temor que queda rondando en el ambiente, porque es obvio que casos como estos no deben de quedarse en exhaustivas investigaciones.

Desde el frente del ‘blindaje’ para evitar futuras incursiones que alteren el orden público, son plausibles las medidas adoptadas en el consejo de seguridad donde se hizo un importante anuncio por parte del gobernador Silvano Serrano de invertir hasta $15.000 millones para la seguridad en  los municipios del departamento mediante la instalación de cámaras y la operación de drones de vigilancia.

Determinaciones concretas como esa, al igual que la instalación del fuerte de la Policía de Carabineros en esta localidad y la intensificación de la presencia policiaca y militar en los municipios de la subregión Ricaurte (Chinácota, Toledo, Labateca, Ragonvalia, Herrán, Bochalema y Durania), deben llevar a la construcción de un territorio seguro y en paz.

Así como una reforzada operatividad tienen el propósito de mejorar la seguridad ciudadana, también las investigaciones serias  y contundentes con uso de todas las herramientas  para dicho fin constituyen una fuente importante para devolverle la tranquilidad a la sociedad que tiene el derecho de saber quiénes son los perpetradores y de dónde provienen esas amenazas realmente.

En este aspecto, ojalá se logre lo más pronto posible la estructuración de dos proyectos anunciados por la Gobernación de Norte de Santander para buscar que se mejoren las capacidades de inteligencia, contrainteligencia, investigación y coordinación de las diferentes instancias y agencias de seguridad y defensa, máxime que esta zona del país ha sido escenario de atentados como el de la Brigada 30 y el del helicóptero presidencial.

Ir uno o dos pasos delante de las organizaciones que utilizan las tácticas de atacar objetivos urbanos y rurales es una opción que marca la diferencia para salvar vidas y desbaratar los planes de terrorismo, razón por la cual es fundamental que se consolide la inversión prevista con regalías por parte de la administración de Serrano Guerrero  y un aporte del Ministerio del Interior en montar el Centro de Especialidades y el Centro de Emergencia, Seguridad e Inteligencia.

La recuperación y consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de cumplir la orden constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos se alcanza mediante el trabajo coordinado y sin descanso que deberá arrojar como resultado la reconquista de la seguridad.