Sin desconocer la compleja situación de orden público que persiste en el Catatumbo, no puede permitirse que el proyecto de la universidad para la juventud de esta subregión quede convertido en un elefante blanco.

Este esfuerzo para la universalización del conocimiento, al facilitar la opción de que los adolescentes y jóvenes de aquella zona  integrada por municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, tengan cerca de ellos la educación superior.

El naufragio y fracaso deben descartarse. Ya las instalaciones, con una inversión de $39.000 millones están construidas en El Tarra, pero el futuro no es claro, porque el documento que la introduce en el ordenamiento legal no existe.

Aquí, al Estado colombiano le ha llegado otra oportunidad de ratificar un verdadero interés por la consolidación de su presencia en territorios olvidados y golpeados por una incesante violencia.

Habilitar las acciones requeridas para que esta infraestructura entre prontamente en funcionamiento representaría aquello que siempre se plantea, de que la institucionalidad estatal con sus servicios es requerido que llegue a todos los rincones.

Y qué mejor mensaje sería el irrigado desde un centro de estudios superiores para municipalidades fuertemente impactadas por el conflicto armado. El contraste resultaría siendo alentador para la población asentada en esa parte de Norte de Santander.

En ese sentido vale recordar, por ejemplo, que hace más de veinte meses el Catatumbo padece por la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, que ha dejado marcas como la peor crisis humanitaria.

E imaginemos cuando se esté recordando, ojalá más pronto que tarde, que la Universidad del Catatumbo lleva determinado tiempo de labores académicas.

Al poner sobre la mesa ambos comentarios, tendríamos el mejor panorama para indicar los efectos del mal y del bien sobre las comunidades y su futuro.

Por eso, el llamado, en primer lugar es a los congresistas nortesantandereanos para que asuman como bancada la defensa del proyecto de ley con el cual se le pretende dar vida jurídica a dicha institución de educación superior.

En paralelo, es requerido que las mismas administraciones municipales de aquella subregión, junto con la Gobernación y el Ministerio de Educación trabajen de manera coordinada tanto para que se vaya planeando lo relacionado con los docentes que se requieren, la dotación de la institución y las carreras a ofrecer a los estudiantes.

A su vez, desde ahora es indispensable empezar a trazar las estrategias de seguridad, desde una perspectiva lógica, porque es requerido protegerla frente a posibles ataques de los grupos armados ilegales.

Y el plan B es igualmente tenerlo en la carpeta, frente a eventuales complicaciones, con el fin de buscar que por ejemplo la Universidad Francisco de Paula Santander u otra asuman el manejo y el desarrollo del proyecto educativo para el Catatumbo. 

La verdad es que la irrigación de la educación superior en la zona servirá para cerrar brechas en materia de desigualdad al darles oportunidades directas de acceso a la educación sin necesidad de salir del territorio o de quedarse sin poder acceder a esa opción por cuestiones de diversa índole. Además, los catatumberos merecen dar ese salto educativo que posibilitará que la región pueda superar de mejor manera sus dificultades.

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