La procuradora, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, para que "brinde plenas garantías de seguridad, a los 17 municipios que requieren atención prioritaria en las elecciones", de acuerdo con la tercera versión del Mapa de Percepción de Riesgo del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional. 

Los municipios de ocho departamentos que presentan mayor criticidad son: El Bagre y Yarumal (Antioquia); Arauca y Saravena (Arauca); Argelia, Balboa y Caldono (Cauca); San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Puerto Gaitán (Meta); Tumaco (Nariño); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) y, Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca). 

La jefe del Ministerio Público también resaltó que, de acuerdo con este mapa de la Policía en el que se identifican variables basadas en seguridad humana, comunitaria y política, en el Atlántico, sólo Barranquilla presenta criticidad alta, ya que en los demás municipios no se reportan riesgos latentes al proceso electoral por razones de orden público. 

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La procuradora manifestó su preocupación por el incremento de hechos generadores de violencia sobre la población en alguna zonas del territorio nacional, "la mayoría ejecutadas por actores armados u organizaciones al margen de la ley", y que, por coincidir con la etapa preelectoral y el periodo de campaña, "pueden llegar a incidir y afectar el derecho a la participación".

Aprovechó este escenario para alertar sobre la financiación política de las campañas. "Hago un respetuoso requerimiento a las autoridades electorales, y a quienes tengan funciones sobre el proceso electoral, para que extremen las medidas y realicen las acciones respectivas, a fin de prevenir cualquier situación que afecte la transparencia del proceso electoral y evite esta forma de corrupción que bastante daño le hace al país". 

La procuradora invitó a la ciudadanía a seguir ejerciendo su función como veedores ciudadanos permanentes del proceso electoral, aprovechando las nuevas tecnológicas y las redes sociales, como ya lo han venido haciendo, al denunciar posibles casos de intervención en política e irregularidades de servidores públicos. 

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