La ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho denunciaron ante la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, en relación con la contienda electoral, asegurando que suponen un riesgo para el proceso y la neutralidad institucional.
A través de una carta dirigida al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la MOE, las organizaciones manifestaron su preocupación ante las acciones del primer mandatario de Colombia, asegurando que están repercutiendo en afectaciones a la confianza pública en el proceso electoral.
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“Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del Presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional”, señaló la misiva.
Las organizaciones alertaron que el mandatario habría incurriendo en la utilización de recursos, canales y plataformas estatales para la difusión de mensajes de contenido político-electoral.
Además, la ANDI indicó que estas preocupaciones también han sido señaladas por otros organismos como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la cual documentó múltiples situaciones relacionadas con la promoción de logros gubernamentales por parte de entidades estatales durante el período electoral, la utilización de plataformas oficiales por parte de ministerios y la difusión de narrativas que afectaron la confianza pública en el proceso electoral.
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“Resulta especialmente relevante señalar que los mismos organismos internacionales que formularon observaciones respecto del comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando la existencia de elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano”, añadieron las organizaciones.
Ante esta situación, las entidades solicitaron a la MOE emitir un pronunciamiento sobre la conducta del Presidente antes del 21 de junio, reforzar su presencia para la segunda vuelta presidencial y documentar el uso de canales institucionales para la difusión de contenidos electorales.
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Las entidades también pidieron a la Misión solicitar al Estado colombiano garantías expresas para que la MOE/OEA tenga acceso oportuno a autoridades electorales, campañas, medios de comunicación, sociedad civil, auditores tecnológicos y observadores nacionales.
“La presente denuncia busca preservar el principio básico de toda democracia constitucional: el poder público no puede utilizar su investidura para alterar la igualdad de la competencia electoral ni para sustituir la voluntad libre de los ciudadanos”, concluyeron las entidades.
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