En diciembre de 2020 el Gobierno Nacional aprobó la Ley de Emprendimiento, una iniciativa contemplada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que tiene como propósito dar respuesta a la creciente aparición de nuevas empresas en el país. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), entre julio y septiembre de 2020 la creación de emprendimientos aumentó un 2,9% frente al mismo periodo de 2019, al pasar de 82.371 negocios a 84.724.
Para la formulación de la ley se tuvieron en cuenta los principales desafíos que afrontan los emprendedores, haciendo énfasis en cinco ejes estratégicos: la formalización de los negocios, el establecimiento de una competencia justa en el mercado de compras públicas, las facilidades de financiación e inversión, la organización y articulación de los programas del Gobierno, y la definición de una línea de formación académica de capacidades emprendedoras.
La nueva ley, además, pretende reducir el número de cargas y trámites que deben llevar a cabo los emprendedores, lograr que tengan acceso a más recursos que les permitan desarrollar sus negocios, e impulsar la llegada de más protagonistas al ecosistema de inversión y financiación del país, entre otros factores.
En materia de formalización, según INNpulsa, la ley aprobada en 2020 busca que los nuevos emprendimientos no paguen el registro ante el Invima, con el objetivo de alivianar costos y facilitar su formalización, ahorrando entre dos y ocho millones de pesos en este proceso. Vale la pena recordar que según la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico (APPCE), 1 de cada 3 emprendimientos que demuestran interés por sumarse al gremio no han logrado formalizarse en Colombia.
Aunque suene atractiva, la Ley de Emprendimiento tiene vacíos que pueden afectar a los emprendimientos y miembros del gremio de la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico. Este proyecto, por ejemplo, no presenta ayudas diferenciadas entre un micro negocio tradicional y otros emprendimientos con potencial de crecimiento en canales digitales.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el país necesita impulsar el desarrollo y evolución no solo de un ecosistema físico de negocios, sino también de naturaleza digital en el que aspectos esenciales como la seguridad de las transacciones financieras, la libre y óptima conectividad entre la población, y la vigilancia exhaustiva de los organismos y autoridades competentes garanticen idoneidad e integridad durante los procesos de compra digital.
Lo anterior es clave; el e-commerce en Colombia demostró ser una actividad vital en periodos de crisis. En el último año, según un reporte realizado por Mercado Libre, 3.800 mipymes se sumaron a este importante marketplace.
Edgar Felipe Arcila, presidente de la Asociación de Pymes, Microempresas y Emprendimientos para el Comercio Electrónico, asegura que “aunque las cifras retratan que el sector ha crecido exponencialmente, aún existen vacíos para el óptimo aprovechamiento de las oportunidades que brinda el comercio en línea, derivadas de la poca financiación para las empresas que hacen parte de este ecosistema digital.
Allí encontramos nuestra razón de ser: fortalecer y apoyar a los emprendimientos y fomentar la formalidad a partir de la visibilización de sus necesidades e importancia en la economía nacional”.
Aunque Colombia podría convertirse en un referente de emprendimiento a nivel regional con esta legislación, aún hay un largo camino por recorrer; es necesario desarrollar otras iniciativas que abarquen realmente todas las variantes que el emprendimiento presenta, siendo los negocios por canales digitales una de ellas.
