La oportuna alerta que recibieron las autoridades sobre el funcionamiento de dos minas de carbón ilegales en la vereda 20 de Julio, de El Zulia, permitió adelantar una rigurosa investigación en la que se descubrió que estos complejos mineros eran el fortín de una red de explotación del mineral a gran escala, entre la que estaba un expolicía.
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Por esto, la Fiscalía, junto con la Dirección de Carabineros de la Policía, llegaron hasta los dos centros de extracción del carbón, percatándose que, además de no contar con el título minero, ni con la licencia ambiental, estos ocasionaron daños irreparables a la vegetación, el suelo, las fuentes hídricas y la fauna silvestre de esta zona del área metropolitana de Cúcuta.
“Tenían equipos mecánicos y diversas estructuras como malacates, rieles, conches vagones y los trabajadores disponían de motores, compresores de aire, combustibles y otros elementos”, explicó la Fiscalía.
Las autoridades conocieron que desde octubre de 2020 funcionaban las minas, con una estructura completa, direccionadas por una administradora, además de una nómina de empleados y las herramientas necesarias para cumplir con la extracción.
¿Cómo funcionaba la red?
Las autoridades conocieron que la red delincuencial creó dos empresas para dar apariencia de legalidad al carbón y comercializarlo a nivel nacional, por lo que contaba con un grupo de transportadores que se encargaba de mover el mineral a cualquier región. Además, establecieron que algunos servidores públicos habrían favorecido dicha actividad ilegal.
Por estos hechos fueron capturados por orden judicial cinco de los integrantes de la red, entre ellos los presuntos jefes, identificados como Ángel Gabriel Ramírez Cuesta y José María Jiménez Sánchez.
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Los otros detenidos fueron Óscar Torrado Álvarez, quien sería el principal comercializador; Kelly Johanna Hernández Quintero, señalada de administrar las minas; el intendente retirado de la Policía, Huber Botello Santiago, quien era el encargado de alertar a sus cómplices sobre las operaciones e investigaciones contra la extracción ilegal de minerales que se adelantaban en El Zulia.
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para ser presentados en audiencias concentradas por explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales, daño en recursos naturales, contaminación ambiental y concierto para delinquir agravado.
Según se conoció, Ángel Ramírez, José Jiménez y Óscar Torrado aceptaron cargos y recibieron el beneficio de casa por cárcel, mientras que los otros dos procesados fueron enviados a prisión.
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