Las audiencias concentradas contra los detenidos por los atentados terroristas, que se presentaron en Cúcuta, entre el 15 y 25 de junio, y que sus objetivos fueron la Brigada 30 del Ejército, varias patrullas de la Policía Metropolitana y hasta el presidente de la República Iván Duque, aún no han terminado.

Se espera que hoy en la tarde o noche se pueda conocer la decisión de los jueces que llevan estos procesos penales, para saber si envían o no a prisión a los ocho capturados.

En una de las diligencias, que se inició desde el domingo en la noche, se han tenido momentos candentes como el ocurrido ayer, cuando el abogado defensor de tres de los detenidos, Alfredo Yermain Trujillo Salcedo, tomó la palabra y puso en tela de juicio el por qué las autoridades de Norte de Santander no evitaron los atentados, si desde marzo tenían interceptadas las líneas telefónicas de las personas que hoy están siendo procesadas penalmente.

El profesional del derecho argumentó que si la Fiscalía sabía lo que pretendía hacer la disidencia del frente 33 de las Farc en Cúcuta, desde antes de que ocurriera todo, por qué no actuó y detuvo a estas personas, pudiéndolas procesar por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de las compras y robo de explosivos, entre otras muchas cosas que escucharon durante las interceptaciones telefónicas.

Según contó una fuente, antes de que Trujillo Salcedo pudiera exponer su argumento de defensa, el fiscal, que pertenece a la Unidad de Crimen Organizado, objetó todo y de inmediato el juez pidió que se callara y ordenó que le quitaran el micrófono al abogado y hasta señaló que le abrirían un proceso penal y disciplinario por lo que estaba diciendo.

Después de esos minutos candentes y de discusión, el abogado Trujillo volvió a tener la palabra y pidió que también le abrieran un proceso disciplinario al fiscal, porque él pudo evitar los atentados y no lo hizo, también habría indicado que demandaría las audiencias ante el Consejo Seccional de la Judicatura.

Además, el defensor cuestionó el propósito de dejar que se dieran los ataques y por qué no quisieron frenarlos, cuando sabían dónde, cuándo y por qué este grupo de personas que hoy son procesadas, consiguió explosivos y demás implementos por parte de la disidencia.

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Más del proceso

Otras cosas que también están como en tela de juicio en el proceso investigativo, es que la captura de Geraldine Fiayo Torrado, la vigilante del aeropuerto internacional Camilo Daza, no se dio por estar completamente inmersa en los atentados, porque ella habría comenzado a trabajar en la terminal aérea diez días después de que se dio el ataque al helicóptero presidencial.

“A ella la tienen metida en eso porque es la novia del desmovilizado de las Farc, que también fue capturado, y, además, porque en unas de las interceptaciones se escucha cuando está hablando sobre unas prendas de vestir, que al parecer iban para la disidencia”, sostuvo una fuente judicial.

Al desmovilizado de las Farc que también cayó en esta operación, y que se conoce como ‘Aureliano’, lo señalan de ser el enlace entre el jefe máximo de la disidencia en Norte de Santander, Jhon Velazco, ‘Jhon Mechas’ o ‘Jhon Barbas’.

También se ha podido conocer que Freddy Esteban Maldonado, quien sería un líder comunal del barrio El Progreso, fue detenido porque como él trabaja con chatarra, algunos implicados en esta investigación le habrían dejado un material de guerra dentro de un viaje de chatarra que le llevaron al lote que tiene para recibir todo lo que compra y vende.

Mientras que al minero Jhon Fredy Lizarazo lo estarían implicando como informante de este grupo que hoy está siendo procesado penalmente. Pese a esto que se ha conocido en las audiencias, los familiares de estos últimos dos hombres se mantienen en afirmar que son inocentes y que ellos no tuvieron nada que ver con lo que están siendo acusados.

Quien sí estaría implicado directamente y le tendrían pruebas muy fuertes, es al excapitán del Ejército, Andrés Fernando Medina Rodríguez. Entre lo que tendrían las autoridades está que el exmilitar y su padre, Joaquín Medina, compraron y entraron la camioneta bomba a las instalaciones de la Brigada 30.

Además, Ciro Gutiérrez, escolta contratista de la UNP, que hacía parte del esquema de seguridad de ‘Aureliano’, fue quien ayudó a escapar al exoficial del Ejército.

Hoy, desde las 9:00 de la mañana, se iniciaron otras audiencias concentradas en las que les definirán la situación jurídica a Bladimir Acosta Pérez y a Edinson Duran Ascanio, quienes fueron detenidos por el ataque al helicóptero presidencial, hecho ocurrido el pasado 25 de junio, cuando la aeronave aterrizaba en el aeropuerto internacional Camilo Daza.

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