El pasado 10 de septiembre no fueron uno, sino dos, los conductores de ambulancia secuestrados en el Catatumbo. Además, un equipo paramédico fue asediado por un dron. Sin embargo, el caso de Jayson Bonilla, quien permanece en cautiverio, ha generado un debate sobre el actuar de los grupos armados al margen de la ley.

La Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Regional Norte detalló que ese jueves, en horas de la mañana, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José de Tibú y privaron de la libertad al conductor, quien posteriormente fue liberado.

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Luego, a las 4:00 p.m., otro vehículo de estos, que se desplazaba hacia Cúcuta, se vio obligado a detenerse porque un dron lo siguió durante más de 20 minutos, lo que generó temor entre el personal médico. Tres horas después, hombres armados secuestraron a Bonilla.

Este domingo, en un video divulgado en redes sociales, el Eln reconoció el secuestro del conductor, a quien pusieron frente a la cámara para que reconociera que, presuntamente, había sido obligado por el Frente 33 de las disidencias de las Farc a movilizar en su unidad médica paquetes para esa organización. Según su relato, por esta labor le pagaban entre $600.000 y $1 millón.

“Me involucré con el compañero Pedro; él me metió en eso. Me llamaron para Cúcuta, me presentaron, me metieron en un carro. Les dije que no al principio y me amenazaron. Me mostraron una foto de mi papá, de mi familia; me dijeron que ellos me conocían, que les colaborara y que iba a ganar bueno. Ahí empecé a bajarles cosas, hace como ocho meses, de a dos o tres paquetes cada una o dos semanas”, afirmó Bonilla.

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El hombre manifestó que nunca le quisieron decir qué era lo que llevaba desde la capital de Norte de Santander hasta Tibú. Sin embargo, suponía que podían ser drones, municiones o dinero. Añadió que un sujeto llamado Fabián o su hermana recogían los paquetes cuando él llegaba al hospital.

Jayson Bonilla sostuvo que sus acciones comenzaron a levantar las sospechas de sus compañeros de trabajo. Los auxiliares comentaban sobre lo que hacía, por lo que quiso retirarse de esa labor, pero el grupo le reiteró las amenazas.

“Me considero víctima y me ofrecieron plata, pero estoy muy arrepentido por las cosas ilegales que hice, por todo. Pienso mucho en mis hijos y quiero una segunda oportunidad”, dijo, cabizbajo.

La ESE Hospital Regional Norte reiteró que el derecho a la salud está establecido en la Constitución Política y que, de acuerdo con lo contemplado en ella, es un servicio público de carácter obligatorio.

La Defensoría del Pueblo informó que participó en una mesa de trabajo en la que se abordó la articulación de acciones frente a estos hechos y se solicitaron garantías para la labor de la Misión Médica.

“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares, compañeros y seres queridos de la persona que permanece secuestrada; exigimos su liberación y el respeto por su vida e integridad. Reiteramos que la Misión Médica, su personal, sus emblemas y sus medios de transporte deben ser respetados en todo momento”, señaló la institución.

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Otra arista de la guerra

El abogado y defensor de derechos humanos Carlos Arturo Ramos lamentó que el caso de Bonilla no suscite la solidaridad de todos los defensores de derechos humanos y de algunos actores, porque, según explicó, se ha vendido la idea de que la víctima “estaba, de alguna manera, participando en las actividades de la criminalidad”.

“No obstante, el Eln no es ni mucho menos la autoridad que deba juzgar a esta persona. Si él estaba cometiendo un delito, la ciudadanía debió ponerlo en conocimiento, aunque sabemos que el territorio tiene unas complejidades”, expresó el experto.

El jurista recalcó que lo que sí se puede afirmar con absoluto rigor es que el Eln y las disidencias violan las normas de los conflictos armados, es decir, el derecho internacional humanitario (DIH), al utilizar el transporte y el personal médico para propósitos de guerra y al cometer secuestros.

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“Eso no se llama retención. No es un juicio de carácter político ni ellos (los del Eln) tienen la competencia de enjuiciar a algunos actores de los territorios”, subrayó Ramos.

Finalmente, recordó que este tipo de situaciones no son nuevas, pues desde hace años se han descubierto casos en el Catatumbo, Ocaña y el área metropolitana de Cúcuta, en los que grupos criminales se han valido del personal médico y de sus ambulancias para transportar armas y drogas.

A su juicio, este panorama refleja la incapacidad del Estado y de los organismos de inteligencia policial y militar para judicializar a los responsables y a los determinadores de estos hechos.

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