Desde la tarde de este viernes se presentaron alteraciones del orden público en las principales calles del centro de Cúcuta. Varios almacenes abiertos al público tuvieron que cerrar sus puertas por miedo a ser saqueados.
Se conoció que la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a once personas, entre los que se aprehendió a dos menores de edad, que estaban generando violencia a la altura de la redoma de San Mateo, por lo que fueron llevadas a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.
De igual manera, según versiones entregadas por el brigadier general Oscar Moreno, Comandante Policía Metropolitana de Cúcuta, dos capturados presentaban antecedentes judiciales, uno con una medida vigente de detención domiciliaria por el delito de hurto y otro con investigaciones por concierto para delinquir, fuga de presos y extorsión.
Varios de los capturados lanzaron piedras al comando de Policía de San Mateo, sin embargo, esto no dejó policías lesionados. Algunos de los cargos que se les podría accionar a los capturados son: delito a bien ajeno, agresión a servidor público y cirre de vías.
"Hasta el día de ayer no habíamos tenido tropiezos, la comunicación con los lideres de las movilizaciones son fluidas y esperamos que lo registrado anche no se repita y sean hechos aislados, que no manchen las marchas pacificas de días anteriores", expresó Moreno.
Denuncia del Movimiento Juvenil de Cúcuta
Por su parte, por medio de un comunicado de prensa, el Movimiento Juvenil de Cucuta (MJC) denunció que las manifestaciones se desarrolló de manera pacífica pero la multitud fue dispersa una vez llegado al comando de la Mecuc con gases lacrimógenos.
"Denunciamos también que, después dispersada la manifestación, se presentaron capturas ilegales contra varios jóvenes manifestantes (...) A ninguno de los jóvenes detenidos se les leyeron los derechos del capturado y fueron transportado en camiones", indica el documeto.
Moreno resaltó que los procedimientos realizados fueron en respuesta a las acciones vandalicas reportadas por la misma comunidad y que las capturas se ejecutaron en el marco de la ley, además de garantizar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Personería.
